César Gutiérrez

Proinversión viene anunciando próximos contratos millonarios de atracción de inversiones, las malas experiencias recientes y pasadas de su actuación debe ser materia de análisis cuidadoso de su propaganda.

Sus proyectos estrella apuntan al sector gas natural (GN), donde las promesas suman 2,400 millones de dólares (MMUS$), de los cuales 2,000 MMUS$ corresponderían al llamado Gasoducto Costero ofrecido por Transportadora de Gas del Perú (TGP) y 400 MMUS$ anunciados por la colombiana Cálidda por el otorgamiento a dedo de la concesión en 7 regiones del interior del país.

En el Gasoducto Costero, dos puntos centrales: habiendo reservas de GN del lote 88 solo hasta el 2037 que son las que tienen precio preferencial para el sector electricidad, que es el que paga las cuentas, ¿cómo es que sostendrían la operación hasta el 2042, que es lo que solicitan para construir el gasoducto por la costa?, y si el ofrecimiento del gasoducto a construir estaría operativo el 2030, ¿solo garantizarían transporte durante 7 años?

En las condiciones señaladas que son inexorables, ¿cómo se sostiene el equilibrio financiero del inversor que requerirá un flujo anual de ingresos de 368 MMUS$?, calculado en un horizonte a 20 años ¿qué debe dar el Estado a cambio?

En cuanto a Cálidda, que también pide la prórroga de su contrato hasta el 2042, bajo el argumento de “masificar el GN en 7 regiones”, su ofrecimiento es tender redes en zona urbana, donde se tiene que financiar con recursos del FISE y de la caja fiscal, por lo menos las instalaciones de interiores, mientras que hay 3.0 millones de hogares que cocinan con carbón o leña, principalmente en zonas rurales ¿Cuál deber de ser la prioridad del Estado?

En los dos casos citados que Proinversión los publicita con entusiasmo, pero sin trasparencia, debería explicar ¿por qué es más beneficioso para el Estado otorgar a dedo construcción de infraestructura de dudosa utilidad que licitarla? La decisión tendrá corresponsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, así como de los de Osinergmin que deben emitir opinión no vinculante.

Cuando Proinversión se apura por los titulares, la duda aparece. Recientemente se han presentado denuncias periodísticas de entrega de Obras por Impuestos hasta por 2,000 millones de soles, de las que no se ha dado aclaración alguna. No solo eso, sino también la entrega del Anillo Vial Periférico de monto billonario, pero que su realización es un imposible por las expropiaciones por realizar.

También hay que recordar lo ocurrido en el gobierno de Ollanta Humala, prolífico en proyectos, pero que entre los que quedaron truncos y que nos han llevado a procesos arbitrales en el CIADI, los que siguen en curso, pero con plazos extendidos en demasía y a los que se han tenido que pagar por laudos a favor de los concesionarios; en sumas y restas, han resultado onerosos al fisco.

Para que no queden dudas hay que listar las inversiones que resultaron problemáticas: Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, Gasoducto Sur Peruano, Aeropuerto de Chinchero, Línea 2 del Metro, y la publicitada en su momento desde el Ministerio de Economía y Finanzas; el Proyecto de Modernización de Refinería Talara.

Corresponde exigir explicaciones en lugar de volantear cifras billonarias.