El próximo mes de enero se cumplirán 9 años de la resolución del contrato entre el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el Consorcio Gasoducto Sur Peruano SA (CGSP), por falta de cierre financiero. La motivación de la resolución es indiscutible, el haber llegado a esta situación discutible y la emisión del DU-001-2017, que otorga derechos de cobranza al CGSP, inentendible.

La falta de cierre financiero estaba cantada desde julio del 2015 cuando se involucró al conglomerado de empresas de Odebrecht y su CEO en el caso Lava Jato, lo que devino en un cierrapuertas del sistema financiero. Los esfuerzos resultaban inútiles, pero llegó una tabla de salvación cuando en el último trimestre del 2016, el consorcio Sempra-Techint cerró un acuerdo de compra del CGSP.

La oferta de compra se frustró por la inflexibilidad del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, sobre el manejo de la cláusula anticorrupción que tenía el contrato entre el MINEM y el CGSP, que ponía una Espada de Damocles sobre el comprador. Pudo convenirse un pago con un porcentaje en un fideicomiso, que podía liberarse solo si se comprobaba que no hubo actos de corrupción en el proceso. No se puso la mínima voluntad para que el proyecto continuase.

Producida la inexorable caducidad, se publicó en tiempo récord (7 días) el DU-001-2017, donde se comprometió al Estado al pago del Valor Contable Neto (VCN) de los bienes del CGSP en el plazo de 1 año, y en el interín con recursos públicos custodiar los bienes, que ha tenido un costo de 50 millones de dólares (MMUS$) al año. En el 2026 se totalizará un egreso acumulado de 450 MMUS$.

La custodia continuará hasta que se decida en la liquidación del CGSP la situación sobre el “activo financiero por cobrar al Estado”, que exhibe el consorcio en sus estados financieros, que asciende a 2,023 MMUS$ que corresponde al VCN, y con el que pagarían deudas con Sunat, MINEM, proveedores y subcontratistas que según su contabilidad ascienden a 1,549 MMUS$.

Mientras la liquidación no se resuelva la caja fiscal seguirá aportando 50 MMUS$ al año. Aquí hay responsabilidades de funcionarios por el DU-001-2017, tema que no se toca, ni en la Contraloría, ni en el Congreso, ni en la prensa económica y jurídica especializada. Es el santo grial del sector hidrocarburífero.