César Gutiérrez

La colombiana Promigas SA, que ganó en 2013 la concesión de distribución de gas natural (GN) en cuatro regiones (Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Ancash), y que opera con el nombre de Quavii; está en campaña mediática contra el regulador Osinergmin, por la reciente confirmación de las tarifas de distribución para el período 2025-2028, que han tenido una reducción de 15.8%

No es novedad que un distribuidor por redes se queje por las tarifas impuestas por el regulador, ya hemos visto en el 2007 el caso de las eléctricas de Lima y Callao privatizadas en 1994, que pedían un incremento tarifario del orden del 30%, que fracasaron en un contencioso administrativo.

La receta de la protesta altisonante es un clásico, ruido mediático bajo amenaza de arbitraje, no invertir y retirarse del país. En el caso eléctrico nada de eso ocurrió

Hago alusión a un caso de un caso del sector electricidad, porque el modelo regulatorio de la distribución de GN es similar: calcular cada cuatro años el Valor Nuevo de Reemplazo, reconociendo la información eficiente, punto sobre el que se centra la discrepancia y que sería bueno un cruce de opiniones públicas con la empresa quejosa.

En el caso de Quavii tienen un problema de origen que es la competencia con los comercializadores que llegan a los principales consumidores que son industriales. Hicieron mal su tarea incluyendo la consejería que contrataron para ingresar al mercado.

Un distribuidor por redes de ductos tiene dos componentes adicionales que los comercializadores en la formación de precios al cliente, la anualidad de la inversión en redes y los costos de operación y mantenimiento. Esto lo debían tener claro desde un inicio al hacer su propuesta para hacerse de la concesión. Han hecho dos intentos fallidos de enmendar su omisión: en 2017 con un frustrado decreto supremo y en el 2024 con el discurso de la masificación del GN.

Lo señalado es el problema de fondo, si la innovación tecnológica deviene en disminución de tarifas, es obvio que no les gustará, su posición se agrava y quieren solucionarlo sensibilizando a congresistas y miembros del Ejecutivo con la frase sentenciosa: “están corriendo las inversiones”. Las malas apuestas no tienen porque pagarlas los consumidores.