Desde la semana pasada estamos asistiendo a un despliegue mediático en torno a la decisión de la entidad estatal de promoción de la exploración y explotación de hidrocarburos, Perupetro SA, de negar la calificación a la empresa Upland Oil &Gas SA (Upland), para que ingrese como socia al 79% de participación, de Petroperú (PP), para la operación del lote 192, ubicado en la provincia del Datem de Marañón, en la región Loreto.

Upland aspira (no se ha allanado a la negativa) a ser el reemplazo de la cuestionada empresa Altamesa Energy Perú SAC, que hizo abandono del lote en febrero de este año, por falta de recursos para ponerlo en operación. Hoy la decisión de Perupetro se fundamenta en que Upland tampoco tiene solvencia financiera, argumento que debe ser explicado públicamente para evitar un affaire más en la entrega de lotes productores a interesados.

El caso del lote 192 tiene un historial turbio de más de una década, que se inició con el término del contrato con Pluspetrol Norte SA, y una tardía reacción gubernamental del gobierno de Ollanta Humala, que no pudo estructurar un proceso que se sabía que era complicado.

Existía la confluencia de descontento de las comunidades por los pasivos ambientales acumulados desde los años 70, y la falta de continuidad de operación del Oleoducto Norperuano (ONP) que es la única vía de llevar el crudo producido a Bayóvar (Piura), lugar donde se puede realizar comercialmente.

LA ASPIRACIÓN DE PETROPERU INTEGRADO VERTICALMENTE

En términos reales el problema del lote 192, tiene antecedentes que preceden al 2015, y se remonta a julio del 2006, cuando se promulga la Ley de Fortalecimiento y Modernización de PP (ley 28840), donde se establece que la petrolera estatal podía ingresar a la actividad de exploración y producción de hidrocarburos. Conceptualmente era correcto porque le permitiría participar de la renta petrolera (margen que deja la producción).

En términos prácticos no significaba riesgo para las cuentas de la empresa y de la caja fiscal, porque en esos años todavía se tenía un Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con autoridad suficiente para negar cualquier aporte a PP.

Adicionalmente a lo mencionado existía desde el 2004, un Reglamento de Calificación de Empresas ¨Petroleras (DS-030-2004-EM) que obligaba que para la calificación como operador, se requería 3 años de experiencia, que PP no cumplía y lo obligaba a buscar socio privado o estatal internacional.

EL VOLUNTARISMO ESTATISTA DEL HUMALISMO INICIA EL PROBLEMA

En el 2012 durante el gobierno de Ollanta Humala se derriba la valla del requisito de experiencia para ser operador petrolera, mediante el DS-001-2012-EM, y la vía queda expedita para el ingreso de PP. Sin embargo, en diciembre 2013, mediante la ley 30130 nuevamente se pone una candado de mayor jerarquía, señalando que la participación de la petrolera en actividades adicionales tenía que ser autosostenida por la empresa.

En el 2015, mediante la ley 30357, se vuelve a bajar la exigencia y se establece que para que PP ingrese al lote 192, luego de que Perupetro le entregue el lote, debería buscar un socio. La razonabilidad había retornado, pero no se contaba con que las leyes se incumplen con complacencia del mercado.

LA HERENCIA NEGATIVA DEL GOBIERNO DE SAGASTI

Entre el 2016 y el 2020, se operó el lote 192 bajo un contrato de servicios (el operador recibe una retribución y Perupetro es propietario del crudo), donde una misma empresa fue migrando de denominación de Pacífic Rubiales SA a Pacific Stratus Energy y de allí a Frontera Energy; ante la mirada indolente del Estado y del mercado.

A partir del segundo semestre del 2020 PP comenzó a fungir de boyante, a pesar de que su expresidente Carlos Paredes, había alertado desde diciembre del 2019, que era necesario que el Estado se hiciese cargo de 1,000 millones de dólares (MMUS$) de deuda de la empresa. Paredes fue relevado en el primer trimestre del 2020.

En el 2020 PP contrata a Bank Of América (BoA) para que le seleccione a una empresa para ser socia e ingresar al lote 192. Se suponía que por el nivel de la entidad bancaria, propondría algunas empresas al menos medianas a nivel internacional y lo que hizo fue una indagatoria local y presentó a Altamesa como la mejor opción.

BoA afirmó en mayo del 2021, que Altamesa podía afrontar 82.3 MMUS$ que supuestamente se requerirían para poner el operativo el lote 192, y que su línea de financiamiento ascendía a 100 MMUS$

Los directivos y gerentes de PP, hicieron suyo el informe de BoA sin tomar en cuenta que desde febrero del 2021, se había iniciado la depredación de la infraestructura de superficie por abandono de la seguridad por parte de Perupetro.

En esas condiciones adversas y haciendo una interpretación particular de la ley 30357, PP firmó contrato con Altamesa, en agosto 2021, bajo responsabilidad de funcionarios del período Vizcarra-Sagasti, con Pedro Castillo como presidente en ejercicio. La ley mencionaba que la búsqueda de socio de PP se hacía luego que PP tenía otorgado el lote por Perupetro, lo que recién ocurrió en julio del 2022.

PERUPETRO DIO FE QUE ALTAMESA TENÍA SOLVENCIA

En febrero 2023, en plena campaña gubernamental de retorno al estatismo de los 70, con prédica intensa desde PP y Perupetro se firma el contrato de licencia de exploración y explotación del lote 192 entre Perupetro y el consorcio Altamesa (61%) y PP (39%). Para esto Perupetro tendría que haber verificado la solvencia de Altamesa, era evidente a esa fecha que PP ya tenía serios problemas, había recibido apoyo desde el MEF la suma de 2,832 MMUS$. Irresponsabilidad supina

Poco duró la fantasía del consorcio PP-Altamesa, pues en febrero de este año Altamesa se retira por falta de recursos, dejando deudas que se comentan que ascienden a 28 MMUS$ y que hay en proceso arbitral 50 millones de soles (MMS/.) con Petroperú como demandado y proveedores de Altamesa como demandantes.

LOS QUE DEBEN UNA EXPLICACIÓN A LA PROCURADURÍA

La lista es diversa:

a) BoA que nos dijo en 2021 que Altamesa era sujeto de crédito hasta por 100 MMUS$

b) Directores y gerentes de PP que tomaron la decisión de firmar contrato con Altamesa en agosto 2021, interpretando a su antojo la ley 30357

c) Directivos y gerentes de PP y Perupetro que dieron fe en febrero del 2023 que Altamesa tenía solvencia al punto de firmar contrato de licencia con Perupetro

d) Directivos y gerentes actuales de PP para que expliquen su posición de un consorcio con Upland al 79%

e) Directivos y gerentes actuales de PP para que expliquen con que recursos ejercerán su 21% de participación

f) Directivos y gerentes de Perupetro para que expliquen sobre la ejecución de la carta fianza puesta por el consorcio PP-Altamesa para garantizar el contrato

g) Directivos y gerentes de PP para que expliquen las razones por las cuáles han ofrecido ser garantes corporativos

h) Directivos y gerentes de PP para que mencionen el monto de inversión real para poner operativo el lote 192

Aquí hay muchas responsabilidades que pueden tener connotación penal por lo que la Procuraduría tiene que ponerse en acción