César Gutiérrez

La reciente acusación presentada por la fiscal Diana Canchihuamán, contra 29 personas que incluye a árbitros y peritos que participaron en 17 procesos arbitrales entre la constructora Odebrecht y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como concedente de 5 obras de carreteras construidas en nuestro país por la empresa brasileña, debe ser observada más allá del señalamiento de los supuestos actos de soborno.

El análisis debe empezar por las razones por las cuales las obras derivaron en arbitrajes, aquí hay dos aspectos: la premura de los gobiernos de adjudicar obras para anotarlas como logros en su mandato y la ligereza técnica de Proinversión, en la elaboración de los expedientes técnicos, privilegiando aspectos económicos, financieros y legales, dejando de lado la ingeniería que es la que define los costos.

Dependiendo del avance de ingeniería se tendrá un margen de error en la estimación de costos de la obra, supuestamente los expedientes tienen ingeniería a nivel de factibilidad y con ello la diferencia entre el costo estimado y real puede ser fácilmente de hasta el 50%. Así es que los contratistas en general con su experiencia saben que la obra tendrá adendas que se definirán en arbitrajes. Esto ha sido el inicio del problema.

En los procesos arbitrales en el caso de la acusación fiscal, hay institucionales y adhoc. Los primeros, conducidos por centros como la Cámara de Comercio de Lima; mientras que los segundos, gestionados por las partes en conflicto, que los hace más vulnerable a señalamientos.

Del resultado del proceso judicial, que no le auguró lectura de sentencia antes de mediados del 2029, se puede afectar la reputación de centros de arbitraje y abogados que forman parte del mundo arbitral, ya sea como árbitros o abogados de partes en conflicto.

Trascendiendo de la comprobación de los supuestos sobornos, la discusión en juicio oral, donde no hay duda que pasarán a todos los acusados, debería ser la identificación del sesgo de los árbitros y peritos de los tribunales en los laudos, para favorecer a Odebrecht. En seis años de investigación nunca se ha escuchado nada sobre este tema, que no es nada fácil de validar, porque involucra temas de ingeniería y economía, en un ámbito de abogados.