César Gutiérrez

La semana pasada la fiscal del proceso penal por el caso Gasoducto Sur Peruano (GSP) ha formulado acusación a 22 personas relacionadas al tema, que es complejo y con diversas aristas que es necesario explicarlas.

El proyecto GSP cuya buena pro se otorga en junio del 2014, tiene un antecedente que es el Gasoducto Sur Andino (GSA) que se inició en octubre del 2008, con la entrega de concesión por solicitud de parte al consorcio formado por una empresa de propiedad del fondo de inversión americano Conduit, con el 90% del accionariado y la brasileña Odebrecht con 10% de las acciones.

El GSA se truncó en julio del 2012 con el anuncio del esquema del GSP, momento en que Odebrecht ya tenía el 100% de la propiedad del proyecto GSA y se había hecho cargo de una carta fianza por 65 millones de dólares (MMUS$)

El proceso penal actual implica a las decisiones tomadas a partir de agosto del 2011, en el gobierno de Ollanta Humala, por el proyecto GSA que heredó del segundo gobierno de Alan García. Adicionalmente se incluye un tema controvertido que fue la devolución de carta fianza de 65 MMUS$ referida, cuya decisión la tomó el expresidente de Osinergmin, Alfredo Dammert, en calidad de técnico dirimente.

Luego vienen todos los señalamientos referidos al GSP, la descalificación del consorcio competidor de Odebrecht y su socia la española Enagas, un trajín jurídico de fin de semana que empezó un viernes y culminó el lunes. De aquí deriva la actuación del abogado Miguel Ronceros, que recibió un depósito de 400 mil dólares de Odebrecht, y a quien se le ha reconocido la colaboración eficaz.

También está la acusación al señor Manlio Alessio, ejecutivo de Suez Energy, que era la competidora de Odebrecht, y que recibió una transferencia a través del señor Juan Brignardello, que había tenido un depósito de 1.0 MMUS$ de Odebrecht.

Finalmente se tiene la colaboración eficaz de los señores Graña y la inclusión de la empresa Enagas como denunciada, en un momento que tiene pendiente de cobranza 300 MMUS$ al estado peruano, y pretende como socia de la empresa TGP, la ampliación por 10 años del gasoducto Camisea-Lima, con la promesa de invertir 2,000 MMUS$ en un gasoducto entre Pisco e Ilo.

El proceso será largo y habrá mucho por comentar.