César Gutiérrez

El estado peruano está siendo afectado económicamente y en reputación por laudos arbitrales del CIADI, cuyo origen está en decisiones gubernamentales tomadas entre 2014 y 2018.

Empecemos el breve recuento con lo ocurrido con la empresa Kuntur Wasi (KW), a quién se le otorgó en julio del 2014, el contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero en Cusco, con una cláusula en donde se refería a la tasa de interés del financiamiento con una redacción enrevesada, impropia de una institución como Proinversion que era presidida por el titular del ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de ese tiempo, Alonso Segura.

Al arribo de PPK al poder, la mala herencia de Chinchero se agravó con una adenda en el 2017 y una caducidad de concesión en el 2018, condiciones perfectas para que KW nos demandase al CIADI y consiguiese un laudo que obliga al Perú a pagarle 91 millones de dólares (MMUS$).

KW nos demandó por el pago en un tribunal judicial de San Diego en California, donde sin justificación alguna no hubo apersonamiento del Estado por lo que ha sido considerado en rebeldía, pésimo antecedente reputacional para el Perú.

El otro caso significativo es el Gasoducto Sur Peruano, otorgado en junio del 2014, a un consorcio conformado por Enagas, Odebrecht Latinvest y Graña & Montero. Una acción dubitativa sin razón de ser de Proinversion en el otorgamiento de la buena pro originó demanda y proceso en la justicia peruana, que lleva en curso 11 años y aún no se presenta la acusación fiscal.

La judicialización de Odebrecht en Brasil a partir de junio del 2015 devino que el consorcio no pudiese conseguir el cierre financiero, que llevó a la caducidad del contrato en 2017, pero inmediatamente se generó un decreto de urgencia comprometiendo al Estado a pagar el valor contable neto de los buenes (VCN) del gasoducto, que han sido valorizados en 2,200 MMUS$.

El incumplimiento del pago del VCN ha motivado que tanto Enagas como Odebrecht Latinvest, nos demanden al CIADI, donde era clarísimo que el laudo sería favorable a los demandantes. Ya hay una primera obligación que cumplir por 300 MMUS$ con Enagas, y no hay duda de que vendrá otra por 1,100 MMUS favorable a Odebrecht.

Recién se están viendo los desaciertos de los gobiernos de Humala y PPK.