César Gutiérrez

El debate por la masificación del gas natural (GN), que fue un tire y afloje de cerca de cuatro años de duración, entre la concentración colombiana de la distribución de GN por ductos y comercializadores de gas virtual, que terminó en la aprobación por insistencia de la ley 32315, ha hecho que pase desapercibida la creación de un nuevo activo de propiedad estatal, que va a ser gestionada por la recientemente creada Agencia de Inventarios de Combustibles (AIC)

La creación de la AIC se encuentra contenida en el capítulo IV de la ley mencionada. Se trata es de una empresa que construirá y gestionará infraestructura de almacenamiento de combustibles líquidos, es decir gasoholes, diésel y gas licuado de petróleo (GLP). Es decir, las obligaciones que debe tener el privado ahora las asume el Estado.

Desde el año 1994 que se estableció la obligatoriedad que productores e importadores debían tener una capacidad de almacenamiento de 15 días de venta promedio de cada operador, no se cumplió el mandato. Se plantearon prórrogas de adecuación desde el 2015, todas fallidas y en el 2020, una resolución de Indecopi (Res-0246-2020-SEL/Indecopi) estableció para Refinería La Pampilla SA, que la obligatoriedad era barrera burocrática.

En este contexto, ante oleajes anómalos que impedían desembarcos, o fallas en el sistema de transporte de GN y líquidos de GN o fallas en la Planta de Separación de Malvinas, quedaba en evidencia la precariedad de la garantía de abastecimiento.

Los operadores argumentaron siempre que el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, se había convertido en una limitante para realizar sus inversiones. No dejaban de tener razón, la acumulación de fondos sin devolver a las empresas se convirtió en mal endémico desde el 2007, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se convirtió en cajero inexpugnable.

Desde el 2014 en el sector gubernamental ya se hablaba de crear una agencia, siendo el modelo la ese entonces estatal Comisión de Logística de Hidrocarburos (CLH), hoy convertida en la multinacional privada Exolum; pero se pensaba en una asociación pública privada y no en la estatal que se acaba de crear, que se financiará con recursos del consumidor.

La incompetencia de los gobiernos lo terminamos pagando los ciudadanos.