César Gutiérrez

Los problemas del sector hidrocarburos que ya venían acumulándose desde más de una década pasaron a agravarse durante la gestión de Dina Boluarte, donde se ha sido tolerante en extremo con Petroperu, desprolijo con Perupetro y desacertado en las políticas de gas natural (GN) y gas licuado de petróleo (GLP)

En el 2023, se discurseó con un supuesto nacionalismo de Petroperu, que tan solo dos meses antes del inicio de la actual administración había recibido un aumento de capital de 1,000 millones de dólares (MMUS$) y una línea de crédito para importaciones por 500 MMUS$, teniendo como antecedente un préstamo por 750 MMUS$ y una línea de crédito de documentos cancelatorios para importaciones por 132 MMUS$. El resultado del ejercicio fue una pérdida de 1,000 MMUS$.

En el 2024, la situación se empeoró en la petrolera estatal, se capitalizaron 1,550 MMUS$ de deuda, se amplió la línea de crédito para importaciones a 1,000 MMUS$, se mantuvo la línea de crédito de documentos cancelatorios para importaciones de 132 MMUS$, se otorgó un crédito por 1,000 MMUS$ y se cancelaron las obligaciones financieras del mes de diciembre por 170 MMUS$. A pesar de todo este apoyo el resultado neto fue de pérdidas por 820 MMUS$.

En el primer trimestre de este año, se revive lo ocurrido en el 2023 y 2024, la paralización de la unidad de refinación, denominada flexicocking que le permite generar renta, con lo que el pronóstico es nada halagüeño.

Por el lado de Perupetro, que ya venía experimentando disminución de inversión exploratoria desde el 2011, se tomó en 2023 la decisión arbitraria de entregar lotes a dedo a Petroperu, por dos años, con producción declinante y sin ninguna posibilidad de inversión.

Este año que había que licitar los lotes otorgados a Petroperu. Se hizo bien en licitar, sin embargo esto originó el despedido al Presidente de la institución por no favorecer a la petrolera del Estado, que quería continuar haciéndose de la renta sin reinvertir, es decir el modelo boliviano.

Por el lado del GN, el discurso gubernamental ha sido la masificación, sin tomar en cuenta el uso eficiente de los recursos del FISE (Fondo Inclusión Social Energética), que resultando insuficientes se ha echado mano a la caja fiscal desde el 2023. Los que han llevado la voz cantante han sido los integrantes de la concentración colombiana de la distribución que manejan 8 regiones, mientras que desde el Ejecutivo pretende darles 7 regiones más.

Por el lado de la pobreza energética que afecta a 3.0 millones de hogares a nivel nacional y que podría acabarse con ella utilizando GLP con recursos del FISE, se ha preferido pasarla a segundo plano en una actitud de olvido de los hogares que cocinan con carbón y leña.

Como si fuera poco todo lo mencionado se sabe que las reservas de GN durarán tan solo 15 años y no se ha encontrado mejor manera de buscar reservas que otorgar áreas para tareas preexploratorias, conocidas como Convenios de Evaluación Técnica, en la región Madre de Dios, en el Parque Nacional Bahuaje Sonene y en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, que de hecho no será viables ambientalmente la explotación.

Para redondear la problemática se ha anunciado la ampliación de plazo de la concesión del gasoducto Camisea-Lima, con el compromiso de se conceda la concesión de un gasoducto Pisco-Ilo. No se toma en cuenta la necesidad de ampliación de capacidad del gasoducto entre Malvinas y Chiquintirca, la ampliación de la Planta de Separación de Malvinas y la enajenación de los bienes del gasoducto valorizados en 2,000 MMUS$ y cuya custodia nos viene costando 400 MMUS$

Esperar que este gobierno haga algo es iluso, pero al menos podemos parar los estropicios que va en camino de perpetrar.