La decisión de la agencia estatal de promoción y exploración de hidrocarburos, Perupetro, de licitar los lotes productores I, VI y Z-69, ha generado descontento en Petroperu, gestionada hoy en día por personas que creen en un manejo estatal a toda costa y con reminiscencias setenteras y quejas de decisiones tomadas en los 90.

La vocería de la posición estatista que hoy prima en el predio de Canaval y Moreyra está representada en el Congreso por Perú Libre, que ha presentado un proyecto de ley para que los lotes mencionados sean entregados directamente a la petrolera estatal, mientras que se espera que la mandataria Dina Boluarte se defina sobre el particular.

En el 2023 en Perupetro se hizo uso antojadizo de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (ley 26221), aprovechándose que literalmente se dice que se puede otorgar lotes por negociación directa o concurso, y así se entregaron los lotes a Petroperu, con el paliativo comunicacional que era solo por dos años, con lo que calmarían las aguas de los que estaban en la vereda opuesta, personalmente discrepé de la medida estatal.

En defensa de la posición de Petroperu se esgrime dos conceptos: que la integración vertical es una práctica de la industria y que en los 90 el fujimorismo entregó los lotes a privados sin sustento y arbitrariamente. Corresponde desarrollar ambos puntos.

La integración vertical, es decir que las petroleras participan en toda la cadena de la actividad: exploración, producción, refinación, comercialización mayorista y en estaciones de servicio; es una realidad innegable. Luego que entre 1993 y el 2006, Petroperu estuvo proscrito de ingresar a los campos productores, en julio del 2006, el Congreso aprobó la Ley de Fortalecimiento y Modernización de Petroperu (ley 28840), que le permitía tener participación en toda la cadena de la actividad.

En esa época, la disciplina fiscal estaba en buena hora escrita sobre piedra, y se entendía que, si Petroperu quería participar en más actividades que la refinación, tendría que hacerlo en sociedad con privados. Era obvio que de la caja fiscal no se tomaría un céntimo y que el objetivo del gobierno era contar con calificación crediticia de “Grado de Inversión” después de un sacrificado ajuste de 14 años.

El concepto de la disciplina sobre el déficit fiscal se fue perdiendo luego de la pandemia del Covid, agravándose en el 2023 y 2024, y en simultáneo desde el gobierno se retornó al uso de la caja fiscal desde el 2022 a favor de Petroperu, dada la calamitosa situación financiera consecuencia de excesos cometidos en los egresos de caja del financiamiento recibido por el Proyecto de Modernización de Refinería Talara.

Hoy que se licitan los lotes no solo se necesita gestión de operación, sino también inversión para al menos atenuar la producción declinante, sino de ser posible incrementarla. Los fondos se requieren para rehabilitación de pozos con producción paralizada, perforar pozos de desarrollo (pozos en locaciones donde hay reservas probadas) y para labores exploratorias en búsqueda de nuevas reservas.

Petroperu si quiere participar en el concurso debe buscar un socio en negociación voluntaria con alguna empresa interesada, de no ser así, la renta que deja la magra producción de los 3 lotes que no excede los 8,500 barriles diarios, se usará como caja para pagar deuda y no habrá inversión. Eso se llama el modelo boliviano que ya se sabe que ha sido catastrófico.

Finalmente, sobre el accionar del fujimorismo sobre Petroperu en los 90, no hay dudas que no tuvo racionalidad alguna, y fue consecuencia de la presión de las multinacionales crediticias de deshacerse de activos para honrar deudas, y pasar a ser elegibles crediticiamente. No había opción o se cumplía o se seguía como ilegible.

Lo reseñado de los 90 ocurre cuando las cuentas fiscales se descontrolan y fue la herencia del período 1970-1990, situación que debemos evitar que se repita. Lamentablemente la situación que vive hoy Petroperu por un manejo irresponsable, es el peor referente para pedir lotes sin concurso.