César Gutiérrez

Después de tortuoso trámite de tres años, se aprobó la ley que permitirá el incremento de inversión en centrales de generación eléctrica con recursos energéticos renovables (RER). El proceso me deja una expectativa, el reglamento; y dos satisfacciones: la oportunidad de demostrar que las admoniciones lanzadas por pregoneros eran falsas y que a pesar toda el despliegue mediático en contra del proyecto de ley, desplegado por los fósiles, la persistencia los pudo doblegar.

Espero del reglamento, responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), no aparezca ninguna señal que pretenda desnaturalizar la ley y que aprovechen la oportunidad de incentivar la creación de dos mercados adicionales al suministro de energía: el de capacidad (potencia), es decir centrales que puedan respaldar la variabilidad de la producción de las RER y el de servicios complementarios, que significa que se constituyan empresas que puedan ofrecer regulación de frecuencia y de tensión (voltaje).

En contra de las RER se predicó en prensa, por voceros que representaban la posición de los productores, transportistas, distribuidores y generadores del sector gas natural (GN): que las regalías bajarían, que la confiabilidad del sistema se pondría en peligro, que los precios al consumidor subirían; falsedades, la única realidad y que no la mencionaban, es que según declaración de parte las reservas de GN tienen un horizonte de 15 años.

Finalmente, hay que felicitar la persistencia de los promotores de las RER, y de los ministros y funcionarios que transitaron por el MINEM desde el 2021, y las bancadas del Congreso que apoyaron la aprobación de la ley.

Espero que esto sea un buen antecedente para otras iniciativas legislativas que tienen racionalidad, pero que han sido observadas en Palacio de Gobierno, tanto por Pedro Castillo como por Dina Boluarte, como es el mecanismo de compensación de los precios del GN en las regiones.

Hay un dictamen para aprobar por insistencia para que la compensación del precio del GN alcance a los consumidores domiciliarios y pequeñas empresas; mientras que la concertación colombiana de la distribución del gas quiere beneficiarse incluyendo a las grandes empresas.

Si ya tomaron envión en el Legislativo sobre la racionalidad económica terminen de ejercerla.