César Gutiérrez

El directorio de Petroperu ha lanzado un comunicado donde entre otros mencionan con dramatismo, que la situación es insostenible y con tremendismo que una de las opciones es aceptar la quiebra y/o la liquidación de la empresa, posibilidad ya negada en múltiples veces por ministros de Estado y la propia mandataria Dina Boluarte, aunque no saben como hacerlo sin afectar la caja fiscal y la calificación de riesgo del país.

Lo que muestra el comunicado es una falta de diálogo de toma de decisiones entre el directorio y los miembros de la junta general de accionistas, donde destacan los responsables del Ministerio de Economía y Finanzas: ministro y viceministros de Hacienda y de Economía. Lo que correspondería en una situación como ésta sería la renuncia de todo el directorio, pero han preferido una llamada de atención pública donde aparecen como los mandantes.

El diagnóstico de la situación de Petroperu es público y fue entregado por el consorcio de las consultoras Arthur D´Little y Columbus, en julio del 2023, donde indicaban que en un horizonte al 2032, en la condición más optimista era que el valor de la empresa era negativo en 537 millones de dólares (MMUS$). Las recomendaciones de reducción de personal, de cierre de un ramal del Oleoducto Norperuano y otros no se han implementado.

El apoyo del Estado que se viene dando desde mayo del 2022, es de 1,550 millones de dólares de préstamos; 1,000 MMUS$ de aumento de capital y 1,132 MMUS$ de líneas de crédito; que suman 3,682 MMUS$ han resultados insuficientes. La deuda total asciende a 8,500 MMUS$, el déficit de capital de trabajo es de 3,122 MMUS$, y las pérdidas al II trimestre de este año han llegado a 452 MMUS$.

En condiciones normales en el mundo privado, la empresa ya hubiese entrado en liquidación y actualmente es completamente prescindible en el mercado, pues tiene una cuota de tan solo 25%. Sin embargo, la decisión política es mantenerla y está llevando al estado peruano a un riesgo enorme de deterioro de sus finanzas.