César Gutiérrez

El mensaje presidencial no ha traído temas para el análisis de los suspicaces, algunos dirán que sí, refiriéndose al anuncio de la fusión de cuatro ministerios, y de la creación de uno nuevo. Solo será materia de entretenimiento para los analistas políticos en las próximas semanas.

Veo tres decisiones políticas ya tomadas las que tienen potencial trascendencia: el relevo de mando en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), el nombramiento del nuevo titular de la Contraloría General de la República (CGR) y el cambio de domicilio legal de Petroperu.

No ha generado mayor revuelo en la prensa el cambio del superintendente en la SBS, el ingreso de Sergio Espinoza en lugar de Socorro Heysen. La razón reside en que Espinoza ha tenido labor destacada durante los 12 años que ha estado al mando de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La interrogante se cierne sobre su reemplazo en la UIF, se espera que pueda soportar las presiones del poder, ahora que se ha sabido que la mandataria Dina Boluarte no ha declarado cuentas bancarias que manejaba. Allí es donde hay que dirigir los reflectores.

En cuanto a la CGR sí causó sorpresa que luego que se promulgara una ley para mantener el cargo a Nelson Shack hasta que no se designara a su reemplazante- lo que hacía presagiar que permanecería hasta el nuevo gobierno que se elija el 2026-; en tiempo récord la Comisión Permanente del Congreso nombre a su sustituto, César Aguilar. ¿Será porque Shack hizo anuncio de las cuentas no declaradas de la presidenta?

Un punto que llama la atención de las declaraciones del flamante contralor es la crítica al procedimiento de control concurrente. Plantea la interrogante: ¿se aproxima una investigación sobre el tema contra Shack?

Finalmente, se tiene la décima primera disposición complementaria modificatoria de la reciente ley 32103, donde se fija el domicilio de Petroperu en Talara. El efecto de esta norma es que los trabajadores que no se presenten a trabajar a la nueva sede, serán despedidos sin derecho especial alguno.

Desocupado el edificio de Petroperu en Canaval y Moreyra en San Isidro, queda la vía libre para la venta. Se comenta que se ha valorizado en 38 millones de dólares, cifra que amerita una rigurosa explicación.