Artículo publicado en la revista de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú (ASEEG). Julio 2024

César Gutiérrez

La discusión en el terreno político está centrada desde el 2021 en la llamada “masificación del gas natural”, que ha sido llevado a lugares preferentes en la prensa económica por los interesados, las concesionarios de distribución por red de ductos gestionadas por las colombianas, Promigas SA y Grupo de Energía de Bogotá SA.

Los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte, se han comprado el discurso con la complacencia de los titulares del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que han estado y están en la cartera. La posición gubernamental está en sintonía perfecta con lo discurseado desde las canteras del gas natural (GN) por redes. Cuando de hablar de los recursos necesarios se trata, inmediatamente se invoca al FISE (Fondo de Inclusión Social Energética).

Parecen olvidar los pregoneros de la masificación que cuando se refiere al FISE, el fin es la inclusión social energética, que en el caso del combustible para cocción de alimentos se trata de los 1.79 millones de hogares que utilizan carbón o leña, según cifras al cierre del 2023 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Ellos deben tener trato preferente.

El uso del carbón o leña es una señal de atraso económico de amplios sectores de la sociedad, para un país cuyos sucesivos gobernantes desde el 2011 nos vienen hablando de integrarnos a la lista de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Las cifras de la participación porcentual del carbón y la leña, en la demanda del consumidor final de energía es vergonzosa, según la estadística vigente (año 2022) del Balance Nacional de Energía elaborada por el MINEM señala que asciende a 13.0%, mientras que el GLP representa tan solo el 9.6% del total.

Para integrar a los 1.79 millones de hogares referidos, no es el GN la solución por dos razones: 1) el tendido de redes no se hace necesariamente donde están ubicados estos hogares, y 2) la inversión es onerosa, 300 millones de dólares por cada 100 mil hogares. La salida apropiada es el GLP, por su facilidad en el transporte y por la red de agentes económicos ubicados a nivel nacional.

Las autoridades no son conscientes de lo que significa la cobertura del GLP, las cifras de las empresas debidamente registradas son contundentes: 7,119 locales de venta; 1,847 unidades de transporte en cilindros; 964 unidades de transporte a granel y 117 plantas envasadoras. Se cubre la totalidad del territorio nacional y el FISE justamente fue conceptualizado en el 2012 (ley 29852) para atender con GLP a precio preferencial a zonas de pobreza y pobreza extrema.

Desde el 2012 a la fecha el uso de los recursos del FISE han ido desplazando del lugar preferente que tenía el GLP, representando según la última estadística (2022) el último lugar con tan solo el 20%, mientras que al sector electricidad se le destina el 40% (intereses por COVID, nivelación de tarifas de sistemas aislados y paneles solares en áreas rurales) y al GN se le asigna también 40%.

En 10 años de vigencia del FISE (2012-2022) se incorporaron 940 mil hogares al uso del GLP, pudo conseguirse más, pero la dispersión en su uso no lo ha permitido.

Es hora que se reivindique el uso del GLP por las razones señaladas que no son pocas, las noticias que se tratan en los medios solo resaltan cuando hay escasez por oleajes anómalos o paradas de la planta de separación de Malvinas o cuando hay incrementos de precios, o cuando ocurre un accidente. Hay que poner nuevamente en la opinión pública la importancia de este combustible en el quehacer nacional.