César Gutiérrez

A cada problema complejo en entidades gubernamentales, las autoridades del más alto nivel del Ejecutivo y los miembros del Congreso dan solución inmediata con la palabra reorganización.

Lo acabamos de escuchar del titular del Premierato, Gustavo Adrianzén, al alimón con el Ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, a raíz del grave accidente ocurrido el pasado día 20 de los corrientes en una estación de compresión de gas natural (GN), contigua a una estación de servicios y venta de combustibles, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.

La trillada reorganización teniendo a Osinergmin como centro del problema, ya lo había escuchado en enero del 2020, cuando ocurrió la fuga de gas licuado de petróleo (GLP), en el distrito de Villa El Salvador; en septiembre del 2021, cuando hubo una explosión en una planta de GLP en la ciudad de Pucallpa, en la región Ucayali; en enero del 2022, ante el derrame de petróleo crudo en el mar de Ventanilla y ahora con el luctuoso hecho en Villa María del Triunfo.

En estos cuatro casos, el denominador común ha sido afectación a la integridad física de personas y daño a la propiedad tanto pública como privada. La reacción inmediata también ya es un clásico, fustigación al Osinergmin, exhibición mediática de los daños, autoridades haciendo paseíllos mostrándose compungidos y anunciando reorganización; teorías múltiples del origen del accidente y paso al olvido.

La rigurosidad del análisis técnico se escamotea, y la promesa reorganizadora se diluye en el tiempo porque los anunciantes de ella no tenían la más mínima idea del origen de lo sucedido y menos de la solución. Desde Osinergmin se publican comunicados afirmando que todo lo venían haciendo bien, y nos vemos en el siguiente evento trágico.

El mercado de hidrocarburos ha tenido un crecimiento exponencial desde el año 2000, y las competencias de Osinergmin han sido sobrepasadas tanto en su alcance, en sus reglas, en la disponibilidad de centros de inspección, de personal especializado y en el presupuesto asignado para contratar las labores tercerizadas de fiscalización, porque pretender que el Estado cuente con todo propio sería un despropósito.

En lugar de reorganización necesitamos reformismo especializado de la gestión de supervisión.