César Gutiérrez

La crisis financiera de Petroperu (PP) ha llegado al extremo de amenazar el equilibrio de las cuentas fiscales. El apoyo que se ha venido dando desde el 2017 de las arcas públicas suman a la fecha 4,008 millones de dólares (MMUS$), contabilizando aumentos de capital, préstamos y garantías de líneas de financiamiento. Esta desmesurada cifra ha sido autorizada por los distintos titulares que han pasado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desde el 2013.

La causa del problema ha sido la llamada hoy Nueva Refinería Talara, donde el costo contabilizado hasta el momento, incluido intereses, asciende a 6,500 MMUS$, sumado a un mala gestión de las cuentas de la empresa que al cierre del primer trimestre del 2024 han devenido en una deuda de 4,468 MMUS$ en el corto plazo, mientras que en el largo plazo adeudan 4,064 MMUS$.

Pero no son solo las deudas, sino también el déficit de capital de trabajo que es de 2,794 MMUS$, y que los resultados de gestión sean todos negativos, siendo las cifras en MMUS$ las que se señalan seguidamente. Utilidad bruta: -964, es decir que lo recaudado por la venta no cubren costos de insumos y de producción, utilidad operativa: -68 y resultados netos: -183.

Lo que más sorprende de esta triste realidad es que, tanto los diversos ministros de economía y finanzas, así como los viceministros de hacienda; que han participado y participan en la junta general de accionistas (JGA) de PP, hayan permitido que se llegue a este desastrosa situación.

Las decisiones que se han tomado para el desarrollo de la construcción de la NRT tenían tres variables sensibles que evaluar: 1) que los costos de diseño, procura de equipos y construcción fuesen razonables, para lo que se requería hacer un comparativo internacional, 2) que las proyecciones de ingresos por ventas fuesen realistas, había que evaluar participación del mercado y evolución de precios de los combustibles, y 3) que el margen operativo neto tomase en consideración los vaivenes que podían ocurrir en el mercado.

Un análisis de las variables citadas, asistida por especialistas, hubiese permitido ponerse en una posición conservadora para garantizar que los flujos proyectados tuviesen consistencia. Es evidente que no se ha hecho la tarea debidamente, porque de lo contrario no se hubiese llegado al estado actual. El voluntarismo político de los gobernantes ha sobrepasado la capacidad técnica que deberían haber exhibido en el MEF.

Hay dos hitos preconstructivos que muestran la desprolijidad de las más altas autoridades que han pasado por la dependencia del jirón Junín: 1) la firma del contrato de diseño, procura y construcción en el 2013, sin tener cierre financiero, y transitando 3 años con un crédito puente de 500 MMUS$, y 2) decisión en el 2017 de continuar con el faraónico proyecto, haciendo un aumento de capital por 325 MMUS$ y dar la partida de nacimiento de la toma de deuda por cifras billonarias.

El endeudamiento sideral lo autoriza la JGA en el 2017: 3,000 MMUS$ en bonos y 1,300 MMUS$ de crédito sindicado, avalado por la agencia de crédito de exportación española, Cesce.

En esta serie de largo aliento hay una segunda temporada, basada en apoyo financiero del Estado y que tiene tres actos: 1) en mayo del 2022, con el otorgamiento de un préstamo de 750 MMUS$, más una línea revolvente para pago de derechos de importación de 133 MMUS$ (500 MMS/.), 2) en octubre del 2022, con un aumento de capital de 1,000 MMUS$, más 500 MMUS$ de garantías para importaciones, y 3) en febrero del 2024 con una garantía para préstamo por 800 MMUS$, más un incremento de garantías para importaciones por 500 MMUS$.

Una sola interrogante para los tecnócratas del MEF que se supone que son la élite de la economía y finanzas del país y que autorizaron este manejo dispendioso: ¿es tan fácil dejarse sorprender?