No hay evaluación del rol social y del uso eficiente de recursos que debe tenerse en cuenta al momento de decidir sobre la trillada masificación del gas natural (GN). Hoy, el debate se centra en si el “mecanismo de compensación para el acceso descentralizado del gas natural (GN)” debe llegar a los consumidores de hasta 900 mil m3 (Mm3) mensuales, en lugar de los 50 Mm3 señalados en el dictamen pendiente de aprobación en el pleno del Congreso.

Los defensores de compensar hasta los 900 Mm3 lanzan frases sentenciosas que si no se les hace caso, las regiones tendrán que esperar 20 años para contar con GN, hay que recordarles que en ese plazo han llegado en las regiones de Lima y Callao, al 50% de los domicilios. Señal inequívoca que la universalización es una quimera, y que hay zonas donde no es rentable tender redes.

El fondeo de la pretensión de los defensores del pedido alentado por las empresas colombianas en Perú, es que se realice con recursos del FISE, y si no alcanzan con un cargo en el transporte del GN, con cargo la tarifa de transmisión eléctrica. Es decir, los recursos provendrán del consumidor. Si de ser solidario se trata, el uso de los recursos debe tener racionalidad social.

Según cifras del INEI al 2022, el 22.6% de las 10.5 millones de viviendas habitadas (MMVH) del país utilizan carbón o leña para cocción de alimentos, esto significa 2.4 MMVH, de las cuales 1.26 millones corresponden a hogares en pobreza monetaria y pobreza extrema; aquí es donde debe estar centrada la prioridad.

Por la ubicación de las viviendas en pobreza monetaria y extrema, el tendido de redes no es la inversión más eficiente y la salida está en incluirlos en el uso del GLP, donde no se requiere redes y con recursos del FISE pueden tenerlo a un precio preferencial que en promedio es el 60% de lo que pagan hogares de mayores recursos.

En este orden de ideas queda claro que el discurso de incluir a consumidores de alta demanda (hasta 900 Mm3/mes) en el mecanismo de compensación, va dirigido a contar con nuevos clientes industriales sin competencia con los comercializadores, ese es el fin de la exigencia a viva voz que ha contado con un extraño apoyo gubernamental de dos mandatarios cuya integridad ha sido puesta en tela de juicio.