Desde el pasado 14 de noviembre se encuentra en el Congreso, la autógrafa de la “ley de masificación del gas natural (GN)” que fue devuelta por Dina Boluarte, siguiendo los pasos de su antecesor y excompañero de ruta Pedro Castillo, que hizo lo mismo en julio del 2022.

El tema de fondo está en el capítulo III de la norma aprobada en el Legislativo, denominado “Mecanismo de Compensación para el Acceso Descentralizado del GN”, que establece un procedimiento para igualar el costo del suministro de GN de los consumidores de las regiones con los que se tienen en Lima.

Como no hay beneficio sin costo, lo que se establece es que se deben usar recursos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) y un cargo en la tarifa de transporte del GN de Camisea a Lima, para concretizar la nivelación de precios.

Tal como fue aprobada la norma, se limita el beneficio a los suministros con consumos de 50 mil metros cúbicos (Mm3), con lo que se cubre a los domicilios y las pymes. Desde el Ejecutivo, por segunda vez se devolvió la autógrafa, solicitando que se amplie la aplicación para consumos de hasta 900 Mm3 mensuales, que comprende a las demandas de empresas industriales.

Cuatro aspectos que ameritan la crítica a la posición tomada por el gobierno: 1) cambia las condiciones en las que se otorgaron las concesiones en las regiones de Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Arequipa, Moquegua y Tacna; 2) se crea un nuevo cargo a las cuentas del FISE que se ha convertido en cajón de sastre, 3) crea un cargo a los consumidores a nivel nacional de sector eléctrico, y 4) elimina la competencia de los comercializadores, que transportan gas natural licuado o comprimido.

Siguiendo las prácticas parlamentarias, dada la alta votación con la que fue aprobada la norma (más de 100 votos), corresponde a la junta de portavoces plantear que la autógrafa tal como se encuentra, sea presentada al pleno para votación. Se espera que sea ratificada la aprobación, salvo que algunos legisladores por alguna razón extraña hayan decidido cambiar de opinión.

Pasadas las turbulencias de la bicameralidad, la reelección y remoción de miembros de la Junta Nacional de Justicia, corresponde dedicarse a los temas que tienen connotación económica.