César Gutiérrez

Existía gran expectativa del reinicio de actividades en el Congreso de la República para llevar al debate una serie de temas relacionados con la economía, donde hay una recargada agenda.

Se esperaba discutir: el retorno de los incrementos de impuestos como está ocurriendo con el selectivo al consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos; la modificación de la ley de generación eficiente de electricidad para incrementar la inversión en renovables, el mecanismo de compensación para el acceso descentralizado del gas natural, el otorgamiento del lote petrolero X y el impacto en las cuentas nacionales del salvataje de Petroperu.

Todo lo señalado pasa a segundo plano por la hecatombe generada por las declaraciones del operador político de la suspendida Fiscal de la Nación Patricia Benavides, hoy aspirante a colaborador eficaz, Jaime Villanueva; a lo que se ha sumado la denuncia por actos de corrupción acreditados en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que vienen desde la época de la presidencia de Martín Vizcarra.

Los hechos son noticia que ocupará lugares preferentes en los medios de comunicación y en el accionar de los personajes de la clase política. Los involucrados afectan la reputación de partidos políticos, medios de comunicación, ministerios, Congreso, Ministerio Público y Poder Judicial. En resumen, la institucionalidad del país. Los reflectores de la opinión pública estarán puestos encima por actos que van desde reñidos con la moral hasta el delito.

Como era de esperarse, cada uno de los involucrados con sus enemigos y defensores, pretender llevan agua para su molino, siendo selectivos en dar credibilidad de las afirmaciones de los declarantes, pero el producto final es que la clase política y la gestión institucional del país dejan una imagen de deshonestidad, exhibiendo las peores miserias del manejo en las altas esferas del poder.

Lo ocurrido será una nueva mala señal para la economía, por la desconfianza que genera en un momento que se lucha por recuperarla para que retorne la inversión privada, ya no solo será la incompetencia gubernamental y la inseguridad ciudadana, sino también el caos institucional.

La imparcialidad en la opinión ayudará para atenuar el impacto negativo generado.