La constante en la gestión gubernamental ha sido la incompetencia que ha devenido en una contracción en la economía del orden del 0.5% en el 2023, que es lo más visible, sin embargo, hay ciertos temas especializados donde el Ejecutivo toma decisiones sesgadas, que dejan la duda si es solo por desconocimiento. Es el caso de la llamada “Ley que establece medidas para masificar el gas natural (GN)”.

La intención legislativa aprobada por el Congreso en noviembre pasado y observada por el Ejecutivo en diciembre, desarrolla tres temas: 1) masificación del GN, 2) mecanismo de compensación para el acceso descentralizado del GN, y 3) la creación de la Agencia de Inventario de Combustibles. En este artículo me referiré someramente al segundo punto, con cargo a desarrollarlo extensamente en otra entrega.

La compensación consiste en que todos los consumidores de GN y de GNV tengan precios similares al del mercado de Lima, que son los de menor valor. El mecanismo consiste en hacer un descuento a los costos del usuario final en las regiones para igualar el precio capitalino sin afectar a los operadores.

Para cumplir el objetivo, la obtención de recursos para hacer el descuento. tiene dos fuentes de financiamiento: el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) y un cargo a la tarifa de transporte de GN por ductos, que los pagaremos todos, ya sea en la tarifa eléctrica o en el consumo de GN. Es obvio que cuanto más beneficiarios se tenga, más recursos se necesitarán.

La autógrafa de la ley señalaba como beneficiarios a todos aquellos que tengan una demanda mensual hasta 50,000 m3 mensuales. Con esta decisión se cubre a todos los consumidores domiciliarios, a las empresas clasificadas como Pymes. El Ejecutivo ha manifiestado su desacuerdo y solicitado que se incluya a empresas que tengan consumos de hasta 900,000 m3 al mes.

La posición del Ejecutivo tiene una direccionalidad, acabar con los comercializadores de GN, es decir con aquellos que suministran GN comprimido o GN licuado y regasificado. Los favorecidos serán los distribuidores por red de ductos, que hace 7 años que persiguen este objetivo.

La presidenta Dina Boluarte ha firmado la observación sin entender lo que estaba haciendo y sin tener a alguien que se lo explique.