La próxima semana se verá el desenlace del cuarto apoyo gubernamental a Petroperu-uno en el 2017 y dos en el 2022-. Las necesidades de caja de la petrolera estatal no pueden esperar más allá de los primeros días de febrero, y los trámites administrativos para un desembolso autorizado demoran quince días aproximadamente, así que los plazos están por vencer.

Todo indica que el Ejecutivo cederá al pedido de 2,500 millones de dólares (MMUS$) hechos desde el predio de Canaval y Moreyra. Esta conjetura parte de la premisa de declaraciones recientes del titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, que dijo: “la posición del MEF es hacer la recomendación técnica pensando en el país, pero lo más importante es que el Plan de Reestructuración de la empresa está en marcha”.

Se da por descontado que el Premier Otárola está ensayando su discurso para enmendar su enfática negativa a dar un apoyo adicional a los que se habían dado en el 2022, que sumaba 2,383 MMUS$. Por su parte la presidenta Dina Boluarte en su desconocimiento supino, se ha comprado el discurso del capitoste del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Oscar Vera, que la llamada Nueva Refinería Talara (NRT) conseguirá bajar el precio de los combustibles.

Los argumentos falaces de la restructuración, de los márgenes de refinación altos que permitirán la recuperación, del desabastecimiento del mercado, de la disminución del precio de los combustibles y de la soberanía energética, pueden ser rebatidos uno a uno, pero eso no interesa al Ejecutivo. Tiene motivación doble: la continuidad estatista del “castillismo” que lo lleva Dina Boluarte y su ministro Vera en el ADN y su temor de perder la correlación de votos que le garantiza el “cerronismo” en el Congreso.

En este contexto para los que creemos que la caja fiscal no está para más dispendio, y que los equilibrios macros deben ser cuidados, seguiremos en la prédica opositora al despropósito gubernamental. La interrogante está en el comportamiento de las bancadas que dicen ser promotoras de la inversión privada y de la libre competencia; me refiero a Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, algunos pocos miembros de Acción Popular y no agrupados, que fácilmente pueden sumar 66 votos.

El rol que pueden cumplir las bancadas señaladas es de impedir la decisión del Ejecutivo, y tienen varias herramientas: la derogatoria del Decreto de Urgencia (DU) que tendrá que emitirse para autorizar el apoyo de la caja fiscal, además la interpelación y censura del Premier Otárola y los ministros del MEF y MINEM. Sorprende de sobremanera que los voceros de las bancadas no se hayan pronunciado a sabiendas que el lunes de la presente semana se discutiría en el Consejo de Ministros.

La discusión no se dio ante la renuncia del Viceministro de Hacienda, José Carlos Chávez, que tendría que haber apoyado la propuesta del DU que llevaría el ministro Contreras al gabinete. Existiendo relevo en el viceministerio y dado que el tiempo apremia, habrá exigencias sobre el nuevo funcionario Rodolfo Baca Gómez Sánchez, para que de el visto bueno a la operación. Tremenda responsabilidad que se cargará aquel, porque tendrá que hacer suyo todos los argumentos rebatibles que presenta Petroperu.

El ministro Alex Contreras en menos de 15 días de haber puesto en práctica el Presupuesto General de la República 2024, estará cediendo un gasto no previsto de 0.94% del PBI. En diciembre pasado tuvo que practicar malabarismo con las utilidades futuras del Banco de la Nación, para disminuir en 0.1% del PBI el déficit fiscal cuya meta fue superada, ahora su audacia y pretensión de permanecer en el cargo lo lleva a una audacia mayor.

La salida es no aprobar el pedido de más recursos e ir a un proceso de insolvencia ordenado, que no significa pérdida de propiedad por el Estado, pero que llevará a la Junta de Acreedores a designar a los ejecutivos apropiados y hacer una reestructuración seria.

La decisión está en manos de los congresistas donde no puede haber canje de favores con el Ejecutivo cuando el equilibrio de las cuentas fiscales está en juego. Aquellos que se dicen convencidos de las bondades del capítulo económico de la Constitución de 1993 tienen oportunidad de demostrar su posición.