Una de las primeras inquietudes que tienen los inversionistas que arriban recientemente al Perú, para explorar posibilidades de inversión que están en el rango de cientos a miles de millones de dólares, es la cantidad de demandas arbitrales que tiene nuestro país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), cuya sede principal está en Washington.

Según el portal del CIADI se registran 51 procesos, de los cuales 27 han concluido y 24 están pendientes de emisión de laudo. Suma a la preocupación de los inversores, que en el período 2019-2023 en el número de demandas que ingresan cada año, estamos entre los primeros a nivel mundial.

En el 2019, la mayor de cantidad de casos ingresados los registró España, con 5, y nuestro país lo siguió con 4. De allí hacia adelante, no hemos tenido competencia: en el 2020, fuimos demandados 5 veces; en el 2021, 6 veces; en el 2022, 5 veces y este año, hasta el momento tenemos 3 casos.

Las demandas arbitrales tienen dos orígenes: 1) decisiones de funcionarios estatales que son interpretadas en sentido contrario por los ejecutivos de las empresas privadas, son temas con complejidad técnica que en más de una oportunidad provienen de vacíos o imprecisiones de los contratos formulados por Proinversion, por ejemplo la Línea 2 del Metro, y 2) decisiones tomadas al más alto nivel institucional del Estado que generan suspicacias, por poner a nuestro país en posición adversa, son casos típicos: el Gasoducto Sur Peruano y el Aeropuerto de Chinchero.

Si bien es cierto que no ha habido una voluntad de vulnerar contratos con estabilidad jurídica, se tiene que hacer significativo esfuerzo para explicar a los ejecutivos de las multinacionales, el origen de tantas controversias que han devenido en procesos arbitrales.

El llamado desde el Ejecutivo en foros internacionales para que las empresas inviertan en el Perú es voluntarismo puro, no está tomando en cuenta lo explicado en este artículo.

Enmendar rumbos no es nada fácil, requiere de personal de un alto conocimiento técnico, que se ha ido perdiendo por el retiro de profesionales experimentados, no solo por un tema salarial, sino por el riesgo de tomar decisiones que arbitrariamente terminan en denuncias penales.