César Gutiérrez

No está siendo evaluado en el terreno económico el desencadenamiento de la crisis existente en el Ministerio Público, que se hizo manifiesta la madrugada del lunes de la presente semana. El desenlace es impredecible, dado que está en el terreno político donde nunca nada está dicho hasta que los hechos ocurren.

Una de las variables trascendentes para el crecimiento económico es la inversión privada, que este año según el Banco Central de Reserva (BCR) cerrará con un decrecimiento del 5.3% del PBI. El origen de este comportamiento está en la desconfianza de los agentes económicos, lo que tiene varias aristas, entre ellas: la capacidad de gestión gubernamental, la sostenibilidad del gobierno, la solución de controversias entre empresas y entidades estatales, y la administración de la justicia estatal.

Sobre la capacidad de gestión, hace más de una década que se ha convertido en un mal endémico la bajísima ejecución presupuestal en todos sus niveles: ministerios, gobiernos regionales y locales.

Sobre la permanencia del gobierno de Dina Boluarte hasta el 2016, el principal riesgo está en la lucha por cuotas de poder de diversos grupos al interior del Ejecutivo. Durante todo el presente año han sido materia señalamiento periodísticos de personas cercanas a la mandataria; en cualquier momento puede haber un escándalo de proporciones que haga inevitable la caída del gobierno.

En cuanto a la relación entre empresas y entidades estatales, entramos al terreno de la administración de justicia ante diferencias entre las partes. Hemos generado pésimos antecedentes, actualmente el Estado tiene 44 demandas arbitrales en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), cuya sede central está en Washington.

El CIADI se impuso como la institución de solución de controversias en la década del 90, durante la implementación de las reformas de primera generación, que devino en adquisición de empresas estatales o la suscripción de Alianzas Público Privadas (APP) para la construcción y operación de obras de infraestructura. El origen fue la desconfianza de los sistemas judiciales nacionales en países emergentes que es antigua data, por lo menos desde hace 33 años. Es decir, la crisis del sistema de justicia no es solo lo que venimos observando estos días.

La cantidad elevada de casos en los que el estado peruano ha sido llevado al CIADI se debe no a la voluntad gubernamental de desconocer contratos, sino a las discrepancias de carácter técnico en el desarrollo de estos. Son temas complejos, con vacíos contractuales que motivan interpretaciones antagónicas entre empresas y entidades estatales. Como los casos se han convertido en recurrentes, la desconfianza de los inversionistas es enorme porque los arbitrajes implican egresos significativos y los laudos tardan por lo menos 3 años.

Finalmente, está la administración de justicia del Estado, donde en determinadas circunstancias se ventilan procesos penales, donde los directivos y ejecutivos de los inversionistas son procesados, juntamente con funcionarios y autoridades estatales. Lo objetivo es que hay sesgos en la manera de llevar los casos, desde el favoritismo hasta la persecución que incluye a la clase política.

La desconfianza es inmensa tanto sobre el Ministerio Público, que es titular de la acción penal; la Procuraduría, que ejerce la defensa del Estado y establece las reparaciones a pagar y el accionar de jueces en las resoluciones y sentencias. A esto se suma, por lo menos de hace dos décadas la probidad de los integrantes de la entidad que nombra y remueve jueces y fiscales, antes el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy, la Junta Nacional de Justicia, a quienes se percibe que toman decisiones con orientación política.

El desenlace de la suerte de la Fiscal de la Nación, sea cual fuese no será solución, estamos asistiendo al enfrentamiento de dos facciones: la que protegió a Martín Vizcarra y persiguió a opositores, versus sus antagonistas que determinaron la caída de Pedro Castilla, y hoy se le señala de hacer correlación de fuerzas políticas, como si la anterior no lo hubiera hecho. En este escenario, la confianza para los inversores está cada vez más lejana. Los llamados a que vengan al Perú es voluntarismo puro.