El resultado electoral del domingo pasado en Argentina ha desatado euforia en predios liberales- Los adeptos de Javier Milei piensan que se puede convertir en el gonfalonero de un reformismo que se paralizó en la década de los 90, y que al comenzar el nuevo milenio se propusiera lo que se denominó las reformas de segunda generación o Post Consenso de Washington. Teoría que apunta a reforzar la institucionalidad en lo administrativo, político, judicial, social y económico. En este último tópico se puso énfasis en la privatización de las llamadas empresas estratégicas.

En el caso argentino en términos reales de lo que se trata es de empezar por el segundo debut de las reformas de primera generación: estabilidad macroeconómica, retorno las ideas primigenias de la regulación en los servicios públicos y reprivatizaciones. En la segunda temporada privatizadora el caso de la hidrocarburífera YPF, se tornará en emblemática y problemática.

YPF hoy tiene ambivalencias por dos razones: 1) posee ingentes reservas hidrocarburíferas, entre las cinco primeras en el mundo para producción mediante “fracking”. En número de veces respecto a las reservas de nuestro país son de 62 en gas natural y 82 en petróleo crudo; y 2) la situación complicada que vive por la sentencia que la obliga a pagar 16,000 millones de dólares (MMUS$), por la estatización en mayo del 2012 en el gobierno de Cristina Fernández. Por el momento se ha paralizado el embargo por una medida judicial en Estados Unidos.

De ir viento en popa las medidas que implemente el nuevo gobierno del país de La Plata puede generar incentivo en la región para reactivar transformaciones estructurales. En el caso peruano, aplicable por lo menos a participación privada en gestión e inversión. Hay tres temas que requieren un urgente cambio de rumbo por haberse convertido en males endémicos: EsSalud, Sedapal y Petroperu.

En EsSalud, siendo el sector privado el aportante del 67% de los ingresos, corresponde que la gestión esté a cargo por el sector empresarial, manteniéndose la conformación del directorio tripartito: gremios empresariales, gremios de trabajadores y representantes del gobierno. Solo así se podrá intentar un cambio en la pésima atención al asegurado.

El pésimo servicio en Sedapal no podrá ser revertido con manejo gubernamental, la falta de cuadros técnicos en los partidos políticos deviene en amiguismo en la designación de los cargos directrices y gerenciales. Hay la experiencia suficiente en temas regulatorios para plantear un esquema atractivo para inversores y usuarios.

Finalmente, el caso Petroperu con su elevado endeudamiento de 8,000 MMUS$ (3,500 de corto plazo y 4,500 de largo plazo), no puede seguir dependiente de los apoyos de la caja fiscal. Hay legislación (ley 30130) desde hace 10 años para vender el 49% de acciones y con un buen diseño contractual se le puede dar facultades de control al inversionista que ingrese. La petrolera estatal por gestión deficiente y dispendiosa se ha reducido a tener una cuota de mercado del 27%.

Cuando se menciona privatización de Petroperu inmediatamente se habla de soberanía y seguridad energética. Para validar la afirmación hay que usar como unidad de medida, variables de energía (Tera Joules). En estos términos los combustibles líquidos representan el 48% de la demanda total de energía y la componente de producción con insumos locales, hacen que represente tan solo el 6% de la matriz de la demanda de energía a consumidor final. Es decir, que ni volumétrica ni energéticamente, la petrolera tiene rol estratégico.

Es hora que la clase política y los agentes económicos que creen en la participación privada, inicien una cruzada por las tres empresas mencionadas, el momento es propicio, al igual que al inicio de los 90 la percepción ciudadana es de hartazgo sobre las empresas y entidades estatales.