El Ejecutivo, el Congreso, la clase política y los gremios empresariales, luego que la administración de Dina Boluarte soportase las algaradas ocurridas entre diciembre del año pasado y marzo de este año con 67 muertos en su haber, además de la fallida toma de Lima de julio pasado; se convencieron que había gobierno hasta julio del 2026, sin embargo, la realidad se está alejando del deseo.

La recesión económica es un hecho que está incrementando el malestar del ciudadano de a pie, afectando al sector empresarial mediano y pequeño, y al menos ha ameritado que el gran empresariado levante la ceja. La respuesta del gobierno en su conjunto es echarle la responsabilidad a las movilizaciones sociales, a los fenómenos climáticos, y ahora último de señalar al Banco Central de Reserva (BCR), por haber impuesto una tasa de interés de referencia alta que llegó en enero de este año a 7.75%.

Las movilizaciones y los fenómenos climatológicos han sido adversos en la economía, pero es importante tener cifras que nos señaelen cuál ha sido su período de influencia. Una variable que permite dar opinión es la demanda del combustible más utilizado en el Perú, el diésel 2. Lo consume la minería y el transporte de carga y pasajeros interprovincial. Si comparamos la demanda mensual del 2023 respecto al 2022, se tienen las siguientes cifras de disminución: 22% en enero, 7% en febrero y 4% en marzo. De allí hacia adelante la reducción del consumo no se puede atribuir a evento social alguno, es más a partir de julio las cifras han superado a las del 2022.

Sobre la tasa interés de referencia, hay que tener en cuenta que, en enero de este año, la inflación acumulada en 12 meses era de 8.66%, cifra sorprendente pues estábamos acostumbrados a valores del 3% anual. Bien nos recuerda el exministro de economía Waldo Mendoza en reciente entrevista periodística que, luego de procesos expansivos como los del 2020 y 2021 por la pandemia del Covid, era inevitable entrar a un período restrictivo.

El producto final de la política monetaria 10 meses después de tomar la decisión de una tasa de referencia de 7.75%, ha sido que la inflación ha disminuido a 4.34% interanual y la expectativa es cerrar el 2023 con 3.33%. A la vez la tasa ha sido disminuida por el BCR dos veces en 0.25% cada vez, en septiembre y octubre pasados, siendo actualmente de 7.25%. La discusión si debió ser el incremento inicial menor y las disminuciones mayores, ya son ejercicios académicos, propio de mariscales después de la batalla.

La economía no es lo único que maneja el gobierno con desprolijidad para luego estar gimoteando por supuestas causas externas, la seguridad es otro tema muy sensible para la población, la inseguridad ciudadana, que se está convirtiendo en mal endémico. El Plan Boluarte no existe y el Ministro del Interior exhibe incompetencia a tiempo completo, los asesinatos por sicariato y asaltos se multiplican en la capital en pleno estado de emergencia.

Hay otro aspecto de inseguridad que está siendo escamoteado, como la del crimen organizado del narcotráfico de cocaína y látex de amapola, la exportación ilegal de oro, el contrabando de mercurio y otros productos que ingresan por Puno. Las bandas mexicanas, colombianas, brasileñas y albanesas operan con absoluta impunidad.

Finalmente, el descrédito del gobierno se incrementa por denuncias de supuestos actos de corrupción. Cada domingo en los programas dominicales son infaltables los señalamientos, ya le ha tocado el turno al Premier Alberto Otárola por presuntos favoritismos en designaciones en puestos de trabajo a personas que tendrían relaciones personales con él.

Inmediatamente después, los reflectores se han dirigido hacia el hermano de la mandataria, Nicanor, relacionándolo con favores presupuestales para alcaldes distritales. Los rumores de un contrapunteo de acusaciones cruzadas entre Otárola y Nicanor Boluarte, por lo ocurrido toma visos de verosimilitud.

En estas condiciones, el ya precario mandato de Dina Boluarte penderá de un hilo permanentemente y está acercándose al límite de insostenibilidad. No será la grita callejera la que pueda echarla, sino la incapacidad, o por denuncias de actos ilícitos del propio entorno o porque se haga insostenible para sus aliados en el desacreditado Congreso.