La noticia más relevante de la semana pasada fue el pedido de Petroperu de un apoyo adicional al Tesoro Público. De atenderse, estamos hablando que el fisco habría capitalizado en la petrolera estatal la suma de 3,578 MMUS$ (desde el 2017), otorgado garantías por US$ 1,000 MMUS$ para operaciones de comercio exterior y 500 MMS/. en documentos cancelatorios anuales, que se supone que serían revolventes.

Tomando en cuenta solo la capitalización, el Estado habría aportado 3.2 veces lo que era el patrimonio al cierre del 2016, fecha hasta la cual la empresa no le había pedido nada al Tesoro. De allí hacia delante ha sido una farra sin restricciones. La narrativa que salía del predio de Canaval y Moreyra era que no le pedían nada al fisco.

La credibilidad de la gestión actual, incluyo administración, directorio, y una Junta General de Accionistas que no ha protegido el derecho del único accionista que es el Estado, no existe. De otro lado el Congreso tiene responsabilidad por no ejercer el control político del patrimonio estatal.

Con estos antecedentes a los responsables de hoy no se les puede dar más dinero, y menos darle luz verde para aventuras en nuevas operaciones de lotes o a realizar reingenierías que nunca se han implementado (ha habido tres con mandato legal en los años: 2013, 2017 y 2022). El camino a enderezar rumbos empieza por quitarles el control por no haber actuado con diligencia.

La vía consiste en que mediante Decreto de Urgencia (DU), que tiene rango de ley en una temporalidad establecida, que puede ser de 1 año, se entregue la gestión al FONAFE, del cual nunca he sido partidario, pero lamentablemente es la salida administrativa. Los ministros que conforman el directorio del holding estatal quedan encargados bajo responsabilidad de cumplir los mandatos del DU.

El DU debería señalarle al FONAFE que establezca mecanismos administrativos inmediatos para entregar la gestión a un interventor, que los ingresos se destinen a un fideicomiso donde la preferencia estará en el pago a proveedores que garanticen el suministro, la planilla de personal indispensable y en caso no se pueda honrar los vencimientos a los acreedores, lleve a la empresa a un proceso de insolvencia hasta su saneamiento o venta de acciones.