Han transcurrido 6 años y 7 meses desde que se decidió dar la caducidad del contrato del proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP), y estamos próximos a los laudos arbitrales de las demandas presentadas ante el CIADI por dos de los tres socios del Consorcio Gasoducto Sur Peruano (CGSP), la española Enagas SA y la domiciliada en Luxemburgo, Odebrecht Latinvest, socios del consorcio en 25% y 55% respectivamente.

La suma de las pretensiones de ambos es del orden de los 2,000 millones de dólares (MMUS$) siendo la razón de fondo la devolución del valor contable neto de los bienes del GSP. Existen altísimas probabilidades que se les reconozca, dada la mala decisión tomada el 31 de enero del 2017, por el gobierno de PPK de emitir el Decreto de Urgencia (DU)-001-2017, según el cual el Estado a través de Osinergmin debería contratar la custodia de los bienes del GSP, con cargo a la carta fianza ejecutada al CGSP

La carta fianza ejecutada ascendía a 262.5 MMUS$, como consecuencia de la resolución de contrato de concesión dada el 24.01.2017. La custodia, ha venido costando al estado peruano un promedio de 50 MMUS$ anuales, y a la fecha ya se han destinado 329 MMUS$, es decir se excedió el monto de la fianza ejecutada.

La decisión correcta luego de la caducidad de la concesión era que el CGSP decidiera como dispusiera de sus bienes, más aún cuando la ejecución de obras entre julio del 2014 cuando se firmó el contrato, hasta la resolución en enero del 2017, se había hecho por su cuenta y riesgo, pues aún no tenia cierre financiero, es más, por la falta de cierre, el contrato quedó resuelto. Responsabilidad que tendrán que asumir los que decidieron la emisión del DU-001-2027.

El desarrollo del proyecto fue accidentado desde que se otorgó el 30 de junio del 2014, luego de la eliminación del consorcio competidor conformado por 4 empresas: la estadounidense Sempra, la francesa GDF Suez, la argentina Techint y la colombiana TGI.

Mi opinión es que la descalificación fue procedente, sin embargo, una serie de marchas y contramarchas en Proinversion que tenía a cargo el proceso, enturbió la decisión derivando en dos procesos penales, uno en juicio oral y otro en investigación preparatoria hace 3 años y que acaba de prorrogarse por 1 año y medio adicional.

Cuando se firma el contrato entre el CGSP y el Estado (23.07.2014), el caso Lavajato ya estaba en proceso en Brasil, pero la empresa Odebrecht no había sido involucrada, lo que recién ocurrió en junio del 2015 con la detención de su CEO Marcelo Odebrecht, lo que puso en serios problemas de financiamiento al proyecto pues el sistema financiero mundial por políticas de debido cumplimiento (compliance) no deben otorgar recursos a empresas en investigación.

Desde junio del 2015 el CGSP en su búsqueda de salidas evaluó la posibilidad vender la empresa, lo que tuvo sus frutos en agosto del 2016, donde 2 de los 4 miembros del consorcio que había sido eliminado: Sempra y Techint, hicieron una propuesta de compra que fue de satisfacción del consorcio. A esas alturas PPK ya estaba en el ejercicio del cargo de presidente de la república, y en el CADE 2016, llevado a cabo en Paracas entre el 30.11y el 02.12.2016, manifestó que no se admitiría ninguna salida a la cláusula anticorrupción que tenía el contrato de concesión.

La afirmación de PPK sonó a intransigencia dado que se pudo condicionar el depósito del pago de la compra a un fideicomiso, a la espera de los resultados de las investigaciones de los supuestos actos de corrupción que se avecinaban. Esto devino en la caducidad del contrato el 24.01.2017. Previamente, a fines de diciembre desde el 2016 se anunció desde Estados Unidos que se habían pagado coimas a funcionaros peruanos entre el 2005 y el 2006, tiempo durante el cual PPK fue ministro de economía y Premier en el gobierno de Alejandro Toledo.

El 13.12.2017 la presidente de la Comisión Investigadora del Caso Lavajato, la congresista en ese tiempo del fujimorismo, Rosa Bartra, denunció que había recibido información formal de Odebrecht que PPK a través de sus empresas First Capital y Westfield Capital, había recibido pagos por servicios de la empresa brasileña mientras desempeñaba cargos de ministro y decidía sobre la construcción de la Interoceánica Sur, que ganó la empresa mencionada.

La denuncia llevó a una moción de vacancia cuya sesión se llevó a cabo el 21.12.2021, donde las disidencias en el fujimorismo salvaron al mandatario, quien tres días después indultó a Alberto Fujimori. Fue el principio del fin del gobierno de PPK que solo se pudo mantener en el poder hasta marzo del 2018.

La resolución del contrato del GSP también mostró la ambivalencia de los congresistas, que en diciembre del 2012 aprobaron la Ley 29970, denominada Ley de Afianzamiento y Seguridad Energética (LASE), donde se estableció que el GSP debía tener un ingreso anual garantizado (IAG), que luego fue valorizado en 900 MMUS$ anuales.

Cuando se desató el escándalo de Lavajato, los mismos congresistas que votaron a favor, eliminaron el pago mediante la Ley 30543, aprobada en el Congreso, el 09.02,2017, es decir 16 días después de haberse dado la resolución del contrato del gasoducto. Hoy esta es una de las limitantes del resurgimiento del proyecto.

Las decisiones políticas han sido determinantes en el caso gasoducto