Desde los primeros meses del año 2017, desde diversas frentes del sector electricidad a los que se sumó el Banco Central de Reserva (BCR), afirmaron públicamente que había sobreoferta y que no se necesitaban más inversiones en el rubro de generación. Repliqué reiteradamente que estaban haciendo comparaciones sesgadas, en términos de capacidad de planta y no de la producción que podían dar éstas.

La motivación de la campaña era que, entre marzo del 2015 y septiembre del 2016, se incrementó la oferta de electricidad en 2,493 Megavatios (MW), de los cuales 969 MW correspondió a hidroeléctricas (Chaglla y Cerro el Águila) y 1,524 MW a térmicos duales (Puerto Bravo y Nodo Energético de Ilo), es decir que podían operar a gas natural (GN) o petróleo diésel 2 (D2).

El sinceramiento se fue dando progresivamente, empezó con la frustración del proyecto Gasoducto Sur Peruano en los inicios del 2017, dejando los 1,524 MW termoeléctricos destinados a operar con D2, cuyo costo variable de producción es 8 veces que el de las centrales a GN. El pregón negacionista continuó vaticinando que no se necesitaría más oferta hasta el 2028.

Simultáneamente en el mercado de libre de electricidad, se ofrecieron precios bajísimos y apareció otro pregón: “se debe incrementar el número de clientes libres para que mejoren sus costos”. Les resultaba insuficiente que 250 clientes se pasasen a los 2,041 que hoy existen.

Este año, con retraso, por efecto del Covid en el 2020 y el bajo crecimiento de la economía, la realidad nos trajo dos hechos: 1) que faltará energía de bajo costo a partir del 2025, y 2) que desde el mes de mayo se han empezado a dar resoluciones de contratos a clientes del mercado libre, porque es insostenible seguir vendiendo a los precios actuales.

Los bajos precios se sustentaban en el costo del mercado de corto plazo que se esperaba que fuese del orden de unos 35 dólares por megavatio hora (US$/MWh), sin embargo, se ha llegado en julio a un promedio mensual de 149 US$/MWh

Hay muchas lecciones que aprenderán los entusiastas del bajo costo, mientras que más de un predicador sufrirá también consecuencias económicas, se sabe que ya están tocando la puerta del Ministerio de Energía y Minas para que sus pérdidas se socialicen.