Se acaba de firmar en Palacio de Gobierno, el contrato de licencia de exploración y explotación de petróleo del lote 192, entre el estado peruano representado por Perupetro y Petroperu. Gran despliegue mediático gubernamental, dejando el mensaje que se inicia un ciclo virtuoso para la producción de petróleo crudo en nuestro país, que al cierre del 2022 ha reportado magras cifras- 44 mil barriles por día (MBD)-. Si hablamos en términos de propaganda calificaría como publicidad engañosa.

El lote en mención viene pasando por una situación complicada por lo menos desde mediados del 2015, cuando culminó el contrato con el operador Pluspetrol Norte SA. El intento de otorgarlo vía concurso a otra empresa fracasó y se otorgó en un contrato de servicios-contratación solo para explotarlo-a una empresa que fue mutando como persona jurídica: Pacific Rubiales SA, luego Pacific Stratus SA, para culminar con Frontera Energy SA, en febrero del 2021, fecha en la que culminó la relación contractual.

La operación tiene su complejidad, por cada barril de petróleo extraído, se tienen 31 barriles de agua con sales y trazas de hidrocarburos que son tratadas, lo que incrementa los costos operativos. El crudo está calificado como pesado (18.9° API), con alto contenido de sales, se valoriza con 11.6 US$/barril menos que el de Costa del Golfo de México, a lo que hay agregar que se tiene que pagar 10 US$/barril por transporte.

Para realizar comercialmente el crudo extraído, se requiere tener operativo el Oleoducto Norperuano (ONP), para llevarlo hasta el terminal de Bayóvar en la región Piura para su exportación, dado que no forma parte del abastecimiento requerido por las refinerías peruanas. Su propietario y gestor, Petroperu, no pueden garantizar continuidad de operación por las frecuentes interrupciones, ya sea por fallas o acciones de terceros.

El otro problema que se afronta es la conflictividad social, que tiene como origen principal los numerosos impactos ambientales existentes, desde el 2017 se ha reportado que existen 92 locaciones impactadas, donde las tareas de remediación a cargo del Estado, se hacen tarde, mal o nunca.

Para reiniciar operaciones se requiere inversiones que en mayo del 2021 el Bank off América las valorizó en 82.3 millones de dólares (MMUS$), en esta cifra no está incluido la reposición de la infraestructura de superficie que fue depredada al quedar el lote en abandono desde febrero del 2021, por retiro de Frontera Energy SA. Tampoco no están contabilizados los compromisos con las comunidades que adquirió Perupetro en el proceso de consulta previa. Sería importante que se exhiba la cuantificación de la inversión necesaria.

Finalmente, tenemos el caso del socio que necesitará la petrolera estatal, que es un tema que linda con la legalidad. En noviembre del 2015 mediante la ley 30357, se estableció que Petroperu podía convocar a socios estratégicos una vez que tuviese el contrato firmado con Perupetro, lo que ha ocurrido el 28 de febrero pasado, sin embargo, en agosto del 2021, la administración saliente de la era Sagasti, firmó contrato con la empresa Altamesa Energy. Corresponderá a la Contraloría General de la República, determinar la validez de la firma de este documento.

En la propaganda gubernamental se ha hecho referencia que existen en el lote 127 millones de barriles (MMB) de reservas técnicamente recuperables. Lo que se tiene como estadística oficial es el Libro de Reservas de Hidrocarburos, cuya última actualización a la fecha data de diciembre del 2019, allí se indica que las reservas probadas desarrolladas y no desarrolladas ascienden a 80.5 MMB, y si se suman las probables y posibles se llega 87.2 MMB. Una más para el esclarecimiento de los propagandistas.

En resumen, triunfalismo mediático pero ningún aporte al país.