Ante el vandalismo registrado por los actos de protesta contra el gobierno de Dina Boluarte, que ya contabiliza 60 muertos, se exige el ejercicio de la autoridad para respetar el orden público, a la vez que se plantea la interrogante sobre la fuente de financiamiento que permite mantener al país en vilo durante más de dos semanas. Ambos puntos tienen un foco de análisis que se escamotea o se visualiza con ligereza: la economía de las actividades delincuenciales en el Perú, sobre la que hay algunos análisis preliminares y un accionar que linda entre la displicencia y la complicidad.

La presencia del Estado en la economía de la delincuencia prácticamente no existe, a pesar de ser diversa; es más, en la clase política ya se ha registrado más de un caso donde hay un nexo con ella. Una cifra preliminar, que necesita afinarse, señala que fácilmente podemos estar hablando de 3.0% del PBI, y no me estoy refiriendo a las actividades donde se eluden derechos laborales e impuestos, sino a casos mucho más graves: tráfico de oro ilegal, cocaína y látex de amapola.

Hay locaciones ampliamente conocidas donde se las actividades citadas son intensas. Extracción ilegal de oro en La Pampa, en la provincia de Tambopata en la región de Madre de Dios; en la provincia Nazca en Ica y en la localidad de Chala en Arequipa.

En cuanto a la siembra de arbusto de coca, no solo ocurre en el VRAEM, donde el incremento del área cultivada en el período 2017-2021 ha sido del 48%, sino en otros lugares con crecimientos exponenciales como en Inambari-Tambopata, que experimento un 83% o Contamana, en la región Loreto, que ha registrado un 533%.

Respecto a la producción de látex de Amapola, en las provincias altas de Piura; en Amazonas y Cajamarca, ya hace por lo menos 20 años que se va convirtiendo en zona liberada que confronta a la minería legal, basta recordar el caso del proyecto Río Blanco.

Este escueto recuento es suficiente para preguntarse ¿dónde está el Estado y su ejercicio de la autoridad? Es más que claro que con las cifras de negocios que se manejan en las actividades citadas, financiar algaradas lo pueden hacer con la caja chica, con la finalidad que el Estado no se entrometa en sus actividades, tema subyacente que no debe soslayarse.