Los luctuosos sucesos ocurridos esta semana en Juliaca, con el lamentable fallecimiento de 18 personas, ha merecido diversos calificativos en los medios de comunicación, desde asesinatos según los opositores a Dina Boluarte, hasta de caídos en actos terroristas, de parte de los aliados del gobierno. La polarización de la discusión continuará por mucho tiempo y la búsqueda de responsables por parte de organismos de defensores de derechos humanos será de largo aliento.

Los actos violentos vividos durante las marchas de protesta innegablemente tienen instigadores y financistas, pero eso no debe llevarnos a olvidar que en la región Puno hay una serie de problemas que ameritan la implementación con carácter perentorio de políticas públicas eficaces.

Lo usual es que cuando desde los analistas sociales se refieren a la postración de las regiones del interior del país, se muestren índices de pobreza, pobreza extrema, carencia de redes públicas de agua, desagüe y electricidad, de acceso a la salud pública y educación. En Puno no solo hay necesidades insatisfechas en todos los ámbitos señalados, sino que existen diversas actividades ilícitas que vienen siendo fuente de financiamiento a movimientos políticos en los que buscan impunidad.

Hay dos características geográficas que generan un panorama complejo: los 1,047 Km de frontera que se tiene con Bolivia y ser limítrofe en sus provincias de Carabaya y Sandia con la provincia de Tambopata, de la región de Madre de Dios. En esta locación, sobre la carretera Interoceánica Sur, hay una franja de 17 km de longitud denominada La Pampa, que es tierra de nadie, siendo la base económica la extracción ilegal de oro.

Las actividades al margen de la ley en la frontera Perú-Bolivia, son diversas: tráfico de oro de Perú hacia Bolivia, siendo el destino final Estados Unidos; contrabando de mercurio desde Bolivia a Perú, para la minería ilegal de oro, a lo que se suma el narcotráfico de cocaína producida en Perú. En este primer grupo tenemos la mayor cuantía de manejo de dinero.

La salida del oro proveniente de Tambopata implica cerca de 100 toneladas anuales, que valorizadas a precio actual de mercado significan unos 5,000 millones de dólares, superando largamente a las transacciones de cocaína que se realizan en todo el territorio peruano.

Un segundo grupo de ilicitudes se tiene en el tráfico de personas, mujeres adolescentes principalmente reclutadas con engaños en Bolivia y con son llevadas a La Pampa, a ejercer la prostitución en condiciones de esclavitud.

Un tercer grupo es el tráfico de alimentos: papa producida a precio competitivo y ranas gigantes típicas de la zona, que tienen como destino Bolivia.

Conforma un cuarto grupo, el contrabando de petróleo diésel y gas licuado de petróleo que cruza la frontera hacia Puno, dado que el precio es subsidiado en tierras bolivianas.

Como si ya no fuese suficiente, es un clásico en el distrito de Desaguadero, de la provincia de Chucuito, el convoy de camiones que circulan hacia Perú, con una serie de materiales y equipos de contrabando que, es conocido como “la culebra”, que durante años permanece y opera en la más absoluta impunidad, no ha habido autoridad local o nacional que le ponga coto.

Es más que obvio que las actividades ilícitas reseñadas generan ingresos más que suficientes para financiar algaradas que busquen impedir que exista orden, y donde la ausencia del Estado deviene que muchas personas tengan su economía familiar dependiente en este terreno. El análisis de lo que sucede en Puno, no pasa simplemente por el señalamiento de vándalos ideologizados o rentados, hay mucho por hacer y es hora de empezar. Estamos ante un símil de lo que ocurre en los estados de Sinaloa y Chihuahua en México.