Cuando Pedro Castillo aupado a Perú Libre asumió la conducción del Poder Ejecutivo en julio de 2021, la principal preocupación de las empresas concesionarias y tenedoras de contratos de licencia de explotación fue que no se vulneraran arbitrariamente los mismos.

Razonable inquietud sobre los casos citados, sin embargo, poco se ha profundizado cuando los concesionarios están interesados en modificar vía normas legales, condiciones comerciales que son limitantes que aceptaron cuando ingresaron al mercado peruano, y que con las variaciones pretendidas les permitan maximizar sus resultados. El ejemplo más elocuente es la distribución de gas natural (GN) por red de ductos en las zonas: norte (Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Ancash) y sur oeste (Arequipa, Moquegua y Tacna).

El problema de fondo en ambos casos es que, las reglas de la concesión permitían la concurrencia de los distribuidores por ductos con comercializadores que transportan el GN desde Lima y Callao, ya sea comprimido (GNC) o licuado (LNG). En estas condiciones de legítima y legal libre competencia, los comercializadores han tomado posición atendiendo a consumidores industriales con precio competitivo, motivo por el cual han sido seleccionados como suministradores.

Una primera intentona de revertir la pérdida de clientes se hizo en el primer semestre del 2017, donde vía un decreto supremo (DS) que fue prepublicado se pretendía que los comercializadores pagasen la tarifa de distribución, así no la usaran que era el caso. Como el despropósito era escandaloso por no haber justificación para el cobro de un servicio no prestado, que generó airados reclamos públicos, desistieron de aprobar el DS.

En noviembre del 2021, durante el mandato de Pedro Castillo, que el sector empresarial veía con desconfianza por su discurso de nacionalización de recursos naturales y de convocatoria a una Asamblea Constituyente, los frustrados del 2017 creyeron encontrar las condiciones propicias con la letanía de la masificación del GN.

Ensayaron un discurso que parecía y parece ser música celestial, impulsar el uso del GN en las regiones, lo que estaba en consonancia con la prédica del mandatario de “provincianos olvidados y limeños favorecidos”. Propusieron que los costos del GN por red de ductos debe ser único a nivel nacional, usando un subsidio cruzado, aumentando el precio a los consumidores de Lima y Callao, y con los excedentes disminuirlo en provincias.

Para convertir el deseo en realidad, desde el Ejecutivo se planteó un proyecto de ley (PL-679/2021-PE), que ha seguido un largo periplo entre el Ejecutivo y el Congreso, con denegatoria de una autógrafa de ley aprobada en el Legislativo en julio del 2022, retornada a la Comisión de Energía y Minas, con su presión mediática correspondiente en las secciones de economía de los diarios capitalinos. En rush final ya cuentan con un dictamen que piensan aprobarlo y llevarlo al pleno en plazo perentorio bajo el apocalíptico anuncio: “el Congreso pone en riesgo la masificación del gas”.

Es obvio para los que seguimos estos temas desde hace años, que con el subsidio cruzado que plantean que serán solo aplicables a los distribuidores por ductos, eliminarán a los comercializadores que son sus competidores: Alambicada maniobra para consolidar los monopolios de distribución de GN en el norte y en el sur oeste. Preocupa la ceguera, por decir lo menos, tanto de la izquierda como de la derecha, que se rasgan las vestiduras diciendo que combaten los monopolios y el abuso de posición dominante.

Si los congresistas que dicen creer en las buenas prácticas de competencia entienden lo que hay detrás del PL mencionado, lo que corresponde es no solo mandar el bodrio al archivo, sino también investigar a través de la Comisión de Fiscalización, presidida por el congresista fujimorista Héctor Ventura, quienes son los promotores de este inocultable favoritismo, revestido de un demagógico discurso.