En la gestión de Dina Boluarte hay continuidad con las propuestas del gobierno de Pedro Castillo en temas de aspecto económico, que la oposición política que cree en la iniciativa privada no debe ceder a la presión que se le viene ejerciendo bajo la amenaza de ser antipopulares, es el caso del proyecto de ley denominado “Medidas para Impulsar la Masificación del Gas Natural” (PL-679/2021-PE)

La muletilla “masificación del gas natural (GN)” se viene difundiendo en los últimos 5 años como la panacea alternativa al alto precio de los combustibles líquidos (GLP, gasoholes y diésel). Para justificar la afirmación hacen una comparación en precios en unidades de energía, que es válida; pero escamotean dos puntos vitales: el costo de tendido de redes y que no hay empresa ajena al Estado peruano interesada en asumir la inversión.

En el mandato de Castillo propusieron superar las limitantes recurriendo al bolsillo de los consumidores y al Estado como gestor. En noviembre del 2021 presentaron un PL al Congreso, que ha seguido un largo periplo, con la insistencia del Ministerio de Energía y Minas para que en la presente semana se dictamine en la Comisión de Energía y Minas.

La propuesta sostiene la posición de hacer un subsidio cruzado, incrementando el costo a los consumidores de GN de Lima y Callao, generando un excedente para disminuir los precios de éste en las concesiones de la colombiana Quavii (Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Ancash); así como la encargada a Petroperu (Arequipa, Moquegua y Tacna).

El incremento en la concesión capitalina manejada también por la colombiana Cálidda, afecta directamente a los consumidores de electricidad a nivel nacional, a las industrias y a los usuarios de GNV (gas natural vehicular). El argumento ministerial es que el aumento será mínimo, pero no sustentan que metas se han puesto sobre la cantidad de beneficiarios.

Pero no solo eso contiene el despropósito mencionado, también pretenden financiar redes de GN con recursos provenientes del consumidor a través de dos fondos: el FISE y el SISE; además de encargarles a las distribuidoras estatales la gestión de redes de GN y por añadidura crear una Agencia de Inventarios de Combustibles, con intervención del Estado.