La intromisión reciente de gobernantes extranjeros en la política peruana, sosteniendo que la prisión del expresidente Pedro Castillo constituye una persecución política, indubitablemente es una monserga coordinada del llamado eje bolivariano en defensa de un aliado que estaba construyendo una estructura de poder acorde con esa línea de pensamiento.

El presidente de México, López Obrador, se ha convertido en el principal vocero de la intrusión, seguido muy de cerca por el mandatario colombiano Gustavo Petro, cuyo discurso negacionista de la pretensión de ruptura de la institucionalidad en nuestro país, ha ido in crescendo, y que nos lleva obligatoriamente a poner en vigilante expectativa las inversiones con participación estatal del país cafetero en nuestras fronteras.

En el sector energético peruano, tanto en electricidad como en gas natural (GN), la inversión con recursos del estado de Colombia tiene una gran relevancia. En la red de transmisión eléctrica, son los mayores propietarios de infraestructura y a la vez actúan como operadores, mediante la empresa ISA REP. En la distribución de GN por red de ductos, son los accionistas mayoritarios del concesionario de Lima y Callao, la empresa Cálidda. En la región Ica, son propietarios al 100% de la concesión de distribución de GN con la empresa Contugas y de la distribución de electricidad a través de la empresa Electro Dunas.

Parecerá una exageración el asociar el accionar del presidente Petro con la actividad empresarial en Perú, sin embargo, no lo es, hay antecedentes sobre el particular. Cuando el hoy presidente ganó la alcaldía de Bogotá en el 2012, antes de asumir el cargo el 01 de diciembre de ese año, hizo declaraciones públicas sobre el derrotero de la inversión fuera de su país del Grupo Energía de Bogotá, del cual iba a ser presidente de la junta general de accionistas, afirmó que debería privilegiarse el uso de recursos al interior de Colombia.

Las declaraciones del alcalde electo causaron revuelo, dando pie a que la cotización de las acciones de la empresa en la Bolsa de Bogotá, experimentaran una caída estrepitosa, obligando a una suspensión de su venta. Este antecedente es el que motiva la alerta que cito. La interrogante es ¿la posición internacional en defensa del defenestrado Castillo motivará alguna decisión empresarial donde tenga injerencia? Lo mínimo que corresponde hacer a las autoridades peruanas es estar expectantes.

Así como hay temas que causan preocupación, hay otros que podrían aprovecharse, como es el caso del sector minero energético. Se acaba de establecer en el vecino país un incremento de impuestos que, unido al discurso hostil del hoy presidente contra la inversión hidrocarburífera privada, representa para nosotros una oportunidad que debemos saber aprovechar.

En el sector minero el gran problema que hemos tenido en los últimos 20 años es la oposición de grupos organizados, me refiero a aquellos que sin mediar razón son contrarios a la actividad, no a aquellos que por temas medioambientales razonables exigen condicionamientos. La firmeza exhibida por el efímero ministro de defensa de este gobierno, hoy convertido en Premier, Alberto Otárola, puede llevar a un ciclo virtuoso de la minería enfrentando a los que han venido ejerciendo oposición irracional usando medidas de fuerza.

En lo que se refiere a hidrocarburos hay que tomar decisiones sobre la puesta a disposición de información geológica a los inversionistas, tiene que revertirse esa creencia que corresponde al privado tomar el riesgo de hacerse de áreas sin mayor información. Si hay señales de un cambio de orientación en la política de exploración, seremos muy atractivos para que aquellos que estén en tierras colombianas y piensen migrar por las decisiones que se están tomando allí.