La ocupación por manifestantes el pasado día 13 de instalaciones relacionadas con el suministro de gas natural (GN) y líquidos de gas natural (LGN) provenientes de los yacimientos productores ubicados en las regiones de Cusco (provincia de La Convención) y Ucayali (provincia de Atalaya), causó preocupación en los círculos especializados y pasó desapercibido para la mayoría de los ciudadanos.

El hecho ocurrió en el kilométrico progresivo 127 (distancia medida sobre la trayectoria de un ducto), en la planta de compresión denominada Kámani, en las cercanías de la localidad de Kepashiato, en la provincia de La Convención; de gran trascendencia pues por allí se transporta el 100% del GN y de LGN (el 50% es GLP) que llegan a la costa.

Una avería de menos de una semana de duración en Kámani, produciría la interrupción de la producción de electricidad en base a GN que al cierre de noviembre de este año representaba el 55% del abastecimiento nacional; el suministro de GN a 1.5 millones de hogares (19% del total) y 75% del GLP a nivel nacional. Los vehículos con sistema de combustión a GN o GLP tendrían que haber operado a gasohol. Por supuesto también se interrumpiría la exportación de gas natural licuado (LNG) que está aportando significativamente a la recaudación de regalías.

Las instalaciones de GN y LGN desde la Planta de Malvinas, y las estaciones de compresión (Kámani y Chiquintirca), son lo que se denomina Activos Críticos Nacionales (ACN), definidos y reglamentados desde el año 2017 (DS-106-2017-PCM), como: “infraestructura indispensable para desarrollar las capacidades nacionales”. No tienen reemplazo, su deterioro sería catastrófico.

Pasado el susto es importante que desde el Estado se piense en tener sistemas redundantes que sirvan de alternativa para salidas de operación de la infraestructura citada. No solo se debe estar pensando en actos vandálicos, sino también en fallas operativas, que ya han ocurrido. En agosto y septiembre de este año ha habido interrupciones que al menos en el servicio de electricidad no se percibieron por existir reserva suficiente.

Hay dos temas pendientes para garantizar seguridad energética, que han pasado desapercibidos por el debate político que se tiene en los últimos 10 años. Ambos se han quedado truncados en Proinversion, el primero en el 2012, que se denominó “Sistema de Abastecimiento de LNG para el Mercado Nacional”, y el segundo que se viene arrastrando desde enero del 2017, bajo el nombre de “Sistema Integrado de Transporte de GN para el Sur” (SITGAS)

El proyecto frustrado de LNG para el mercado local, consistía en tener capacidad de almacenamiento en el Km 170 de la Panamericana Sur e interconexión con el gasoducto que viene de Camisea a Lima. Esto permitiría en casos de emergencia importar GN e inyectarlo hacia el gran centro de distribución de Lurín. La inversión se estimaba en 250 millones de dólares (MMUS$) y debería ser entregado a un operador privado garantizando un ingreso.

El caso del SITGAS es una ruta alternativa de traer GN a la costa, llegando a Mollendo e Ilo, para luego poder hacer un enlace con Marcona y llegar a Lima, lamentablemente la discusión política ha enturbiado el proyecto y en enero próximo se cumplirán 6 años sin que se haya movido un ápice. La inversión es del orden de 4,500 MMUS$ y también está destinado a que un consorcio privado lo desarrolle.

Demasiadas discusiones bizantinas en el Congreso, sin que se toquen temas de fondo, se espera que pasada la turbulencia política podamos retornar a la promoción a la inversión privada con profesionales que conozcan el tema, que los hay dentro del aparato gubernamental.