El 2022 ha resultado ser un año más de complicaciones para los palmicultores nacionales, donde los que más padecen son los pequeños y medianos agricultores que tienen el 60% de las 98 mil hectáreas (MHa) cultivadas.

Hay demasiados frentes abiertos, siendo el más visible a la fecha, el que se viene disputando en el Tribunal de Defensa de la Competencia de Indecopi, entre la rama de producción nacional (RPN) y la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), por la ratificación de los Derechos Antidumping (DA) y Compensatorios (DC) impuestos al biodiésel (B100) proveniente desde el país del río La Plata, que están vigentes hasta el año 2026.

En el trajín mediático de confrontación, se pretende singularizar la RPN solo en los productores de B100, soslayando que se trata de una cadena productiva, donde el primer eslabón son los agricultores. El debate en el Tribunal tiene alto tecnicismo de comercio exterior y de legislación sobre libre competencia, donde se tiene que determinar si lo actuado en primera instancia por la Comisión de Dumping y Subsidios (CDB) es correcto: existencia de prácticas anticompetitivas.

Del Indecopi se espera una actuación técnica, apegada al derecho del comercio internacional y que no se deje influenciar por las presiones directas y mediáticas que son parte de la actividad. Es la única entidad estatal peruana que ha hecho algo en defensa de legítimos derechos de la RPN, porque el resto de las dependencias estatales desde hace 19 años viene mostrando un desinterés supino.

Para no ir muy lejos, este año se ha importado de Estados Unidos (EE. UU.) 312 mil barriles (MB) de petróleo diésel mezclado al 20% del volumen con biodiésel, que en el lenguaje del sector se le conoce como DB20. Es clarísimo que esta acción constituye una práctica elusiva de DA y DC aplicados al B100 americano, tipificado claramente en la Ley 31089. Esto significa 3.42 millones de dólares (MMUS$) de derechos dejados de pagar sin que Sunat Aduanas, siquiera lo haya percibido.

Otro de los temas muy vigentes en este 2022 ha sido la importación de 268 MB de B100 que figuran como producto originario de China e Indonesia. En este segundo país principalmente, se dispone de B100 producido en base a aceite de palma, que no cumple las especificaciones técnicas peruanas, salvo que se mezcle con aceite de soja. La interrogante es ¿dónde hacen la mezcla? ¿Son operaciones de triangulación para eludir pago de derechos? La probabilidad que se haya en su país de origen es bajísima. Esto tampoco siquiera se lo plantea Aduanas como interrogante.

Adicionalmente ya es un clásico que Petroperu con la indiferencia de la Contraloría, no publique las evaluaciones de los concursos de adquisiciones que realizan. En los últimos 5 años he repetido este punto como una letanía, en el interín apareció en EE. UU el caso Gunvor con la declaración de culpabilidad de uno de sus funcionarios-Raymond Kohut-, que ha sido un visitante frecuente de Petroperu en los últimos 10 años. Aún no se ve en nuestro país avance de las dos investigaciones iniciadas este año por el Ministerio Público.

El mercado peruano de B100 es de 600 MMUS$, de los cuales 150 MMUS$ podría ir a los palmicultores peruanos, si las entidades estatales cumplieran su rol. La indolencia de los ministerios de Energía y Minas, Producción, Agricultura, Ambiente y Devida; es intolerable.

Mucho discurso sobre combustibles ecológicos, desarrollo industrial, reforestación, compromisos sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y lucha contra el narcotráfico; pero acción nula. Oportunidades perdidas en una economía que necesita inversión y empleo. No queda sino seguir en la brega, hasta que alguien se interese.