César Gutiérrez

La revisión de los proyectos de ley sobre el sector energético existentes en comisiones en el Congreso muestra una prolífica actividad, hay de todo: electromovilidad, tecnología del hidrógeno, tarifa única de distribución de gas natural (GN), masificación de GN, y modificación de la ley orgánica de hidrocarburos, entre otros.

La interrogante de rigor es: ¿cuántos congresistas tienen conocimiento sobre energía para justificar tamaño trajín propositivo? No identifico a ninguno, si cometo alguna omisión, las disculpas del caso.

Queda claro que todas estas iniciativas vienen de grupos de interés que es como se vienen manejando principalmente la labor de hacer leyes. La visión de Estado no existe, sino el interés de parte. El Ejecutivo es un ente pasivo que solo responde ante las consultas que se hacen desde el local de la Plaza Bolívar por ser de rigor, lo que no significa cambio de posiciones de los legisladores,

Tenemos un conjunto de propuestas dispersas e inconexas. En el caso energético en estos momentos tres son los sectores que deberían tener iniciativa: Energía y Minas (MINEM), Economía y Finanzas (MEF) y Ambiente (MINAM). Ninguno de los titulares de estas carteras muestra: interés, visión de largo plazo y lo peor de todos, conocimiento. Sin excepciones, no dan la talla.

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha puesto a la energía en una posición complicada: desabastecimiento de combustibles fósiles con la consiguiente alza de precios, retorno de alternativas que estaban camino a la extinción como el caso de las centrales nucleares y de carbón, y en simultáneo un pase al segundo plano de las renovables y del discurso ambientalista.

En el Perú tenemos un gran potencial en renovables solares y eólicas; una dependencia del 80% de la importación de crudo para refinación, dependencia del 40% de importación de petróleo diésel- en estos dos últimos rubros estoy contando la puesta en operación de la Refinería Talara-, un 45% de la dependencia del GN para la generación eléctrica en épocas de estiaje, una capacidad de producción de etanol y biodiésel suficiente para abastecer el mercado local, pero con preferencias a la importación.

Lamentablemente no hay ninguna posibilidad de enmienda en el corto plazo.