El gobierno, que responsabiliza del incremento de precios a monopolios, oligopolios y a la guerra entre Rusia y Ucrania; ahora tendrá que reconocer la autoría del aumento de las tarifas de electricidad a partir de noviembre próximo, por la modificación del reglamento de la legislación de tercerización laboral (ley 29245), que se ha hecho mediante decreto supremo publicado el 23 de febrero pasado (DS-001-2022-TR).

Dos son los puntos que se encuentra contenidos en el artículo 1 del reglamento modificado que, conllevarán a discusiones entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y las administradas; leídos ambos en conjunto, ponen en tela de juicio las actividades que pueden ser entregadas a terceros.

En las distribuidoras de electricidad (5 privadas,11 estatales y 9 municipales), hay labores como: lectura de medidores y reparto de recibos, corte y reconexión de servicio, instalación de medidores, mantenimiento de alumbrado público, redes y subestaciones; que se realizan por tercerización. Hay empresas con equipamiento y personal especializado que atienden eficientemente a varias concesionarias; evitando que éstas tengan personal a tiempo completo, cuya gestión sería menos eficiente.

Habrá inevitablemente discrepancias y por la actitud exhibida por la titular del MTPE, Betsy Chávez, la posición gubernamental irá por desconocer que las labores señaladas pueden hacerse por tercerización. El desenlace se sabrá a fines del próximo mes de agosto, que es cuando vencerá el plazo para la adecuación establecida en el DS.

Las tarifas de distribución tienen una ponderación del orden del 26% en el costo mensual de la electricidad a los consumidores residenciales, y la mano de obra representa el 70% del rubro. El efecto de la eliminación de la tercerización puede significar un incremento de la planilla entre 10% y 30%. Con esto, el aumento en la tarifa a los domicilios estará entre 1.8% y 5.5%. Esto sin contar las otras variables que intervienen en el cálculo como el tipo de cambio y la valorización de la infraestructura, que en cada fijación se convierte en un tema de conflicto desde hace 25 años.

La regulación del costo de distribuir electricidad por redes se hace cada cuatro años (artículo 73 DL 25844), y en estos momentos está en curso para algunas distribuidoras la fijación para el período 01 noviembre 2022 al 31 de octubre del 2026. Según el cronograma del Osinergmin, el pasado 01 de mayo las empresas han presentado su propuesta regulatoria, donde no pueden proyectarse a asumir las actividades tercerizadas que no reconocerá el MTPE, que según los plazos señalados recién estarán definidos el 22 de agosto. A esa fecha, ya estará prepublicado el proyecto de resolución del regulador, luego de una serie de pasos calendarizados.

Por el desfase en el tiempo entre el proceso regulatorio y la adecuación al nuevo reglamento de tercerización, y para evitar reconsideraciones que pueden tomar largo tiempo, lo más sensato será postergar la fijación tarifaria en 1 año. Antecedentes de este tipo ya existen. El proceso del 2017 fue postergado en dos tramos: 1 año para las empresas privadas y algunas municipales y 2 para las estatales.

La postergación al 2023 en esta oportunidad debería ser aplicable a cuatro empresas privadas: Enel Distribución, Luz del Sur, las dos primeras en Lima Metropolitana y Lima Provincias; Electro Dunas en Ica y Coelvisac, en Ica y Huacho. El resto de las distribuidoras, las 11 que son parte del holding estatal Fonafe, ya están programadas para el 2023, a las que sumarían las 9 entidades municipales. Esta sería además una manera de retornar a regular a todas las concesionarias a la vez. Tema técnico para el debate.