orgullosa por siempre

INDISPENSABLE CAMBIO DE DIRECTORIO EN PETROPERU

Contraloría también tiene que asumir responsabilidades

La percepción económica y financiera del país está en juego

Publicado: 2022-03-21

Enfrentamiento público entre los titulares de Energía y Minas (Minem) y Economía y Finanzas (MEF), ha generado la desclasificación del riesgo crediticia de Petroperu (PP), determinada por las calificadoras Fitch & Rating (F&R) y Standar & Poor´s (S&P). La primera que ha puesto a la petrolera estatal al borde de perder la privilegiada posición de “grado de inversión” y la segunda que la ha pasado a “grado especulativo”, que es una ubicación relativamente complicada, en el sector financiero.

La disputa tiene como origen el respaldo al directorio de PP, negado mediante comunicado desde el MEF y respaldado por la misma vía desde el Minem. Está de por medio la posición a tomar frente al Contralor General de la República (CGR), Nelson Shack, que tiene bajo su responsabilidad la contratación oportuna de la auditoría de los estados financieros (EEFF) del ejercicio 2021, que no se ha hecho y que ha sido la desencadenante de mayúsculo problema, Es más, hasta el momento no hay empresa auditora contratada y el concurso lanzado con entrega de propuestas para el próximo día 22 de los corrientes, corre el riesgo que se declare desierto por coincidir con el calendario de presentaciones de las “declaraciones juradas de impuestos”.

Se presenta un grave problema político para el gobierno; por un lado tiene al ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, respaldado por la bancadas oficialistas en el Congreso, Perú Libre y Perú Democrático, que suman 39 votos; y por otro lado al sector de la gran empresa que está muy satisfecha con el eje del sector economía del Ejecutivo, empezando por el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham.

Para tener luces sobre la decisión a tomar es pertinente analizar el origen del problema y sus efectos

LAS RAZONES DE LA DECLASIFICACIÓN

Ambas calificadoras, F&R y S&P, han tenido como elemento principal para la decisión de la descalificación efectuada, en la no presentación oportuna de los estados financieros auditados, cuya fecha límite de presentación es el 31 de mayo próximo. El plazo se estableció en los convenios (covenants) crediticios que se tienen con los bonistas que adquirieron papeles de PP por 3,000 millones de dólares (MMUS$), y con la Compañía Española de Créditos a la Exportación (Cesce), que avaló a PP en un crédito que al cierre del 2021 asciende a 1,300 MMUS$.

Los algoritmos utilizados por las calificadoras son binarios: cumplen o no cumplen y automáticamente descalifican por incumplimiento, es el caso de los estados financieros auditados. En el caso de F&R, la calificación de PP era BBB y la rebajó un escalón BBB-, con lo cual aún continúa en “grado de inversión”. Por su parte S&P, tenía a la petrolera estatal en la posición BBB- y la rebaja lo llevó a BB+, que ya la ubica en “grado especulativo” (ver cuadro)

Técnicamente los bonos de las empresas que tengan calificación BB+ o menor en F&R y S&P, se les denomina “bonos basura”, lo que no significa que hayan caído en impago (default). Sí están incursos en potencial incumplimiento los que están en “grado especulativo” desde la calificación BB+ (menos riesgo) hasta C (más riesgo) y recién los que están calificados en D son los que han incurrido en impagos.

En este orden de cosas, PP no está en situación de impago y menos en quiebra para que el Estado salga a su salvataje. Yo siempre he expresado mis dudas y las mantengo, que el margen neto de refinación del Proyecto de Modernización de Refinería Talara (PMRT) pueda ser suficiente para pagar deuda, pero esto al momento no ha sido evaluado en las circunstancias actuales por las calificadoras.

LA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA

Las empresas estatales contratan sus auditorías anuales a través de la Contraloría General de la República (CGR). A raíz del PMRT se hizo un esfuerzo en el año 2007 para que se autorice a que PP presente un perfil de auditoras más elevado, de tal manera que se pudiese contratar a empresas de primer nivel para ir a los mercados financieros internacionales.

Es recién que, a partir del 2008, que se pudo lograr que se pasase de auditoras desconocidas internacionalmente a las reconocidas, así desde esa año se vinieron alternando KPMG y Price Waterhouse Coopers (PWC)

Según ha informado la actual administración de PP como “hecho de importancia” a la Bolsa de Valores de Lima (BVL), donde la empresa está registrada pero aún no cotiza; la anterior administración envió las bases del concurso para la contratación de la auditoría del ejercicio 2021, el 01 de julio del 2021, sin embargo, en un retraso que el Contralor Shack tendrá que explicar al Congreso de la República, recién convocó a proceso el 30 de noviembre del año pasado. Eso originó a que se autorizase a PP a contratar directamente a PWC para que continúe con su labor de auditor que viene realizándola desde el 2017.

LA RUPTURA DE LA NEGOCIACIÓN CON PRICE WATERHOUSE

Según comunicado de la CGR publicado el pasado 15 de marzo, que cita a PWC la ruptura de la negociación entre PP y PWC, se debe a: variaciones al cronograma de trabajo y confidencialidad, entre otras razones. Agrega la publicación, que: “las razones que impidieron la suscripción oportuna del contrato no corresponden a la designación de la empresa auditora que fue oportunamente autorizada por la Contraloría, sino a actos propios de la entidad que condujeron a desacuerdos exclusivos entre Petroperú y la sociedad auditora, en relación a las condiciones y plazos del servicio”.

Unos comentarios sobre estos puntos. Es importante que la CGR precise a que se refiere con la confidencialidad. En una auditoría la empresa entrega toda la información de naturaleza contable y financiera, así como de los procesos que se tomaron para llegar a los resultados obtenidos en un ejercicio, eso es de dominio público pues es presentada ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y a la BVL, allí no hay nada que pueda ser escamoteado.

Existe información que está a disposición de la auditoría como la estructuración de los precios de venta de combustibles, que no son parte de los estados auditados y sobre lo que sí existe confidencialidad en cualquier empresa, ¿es esto a lo que se están refiriendo en la discusión? De ser así, la razón asiste a PP:

Me llama la atención que la CGR sin hacer mea culpa del retraso de 5 meses en convocar a concurso, pretenda dar toda la responsabilidad a PP por no haberse cerrado contrato con PWC, según menciona en el comunicado aludido.

LA SALIDA Y EL EFECTO DOMINÓ.

En el gobierno deben tener claro que de continuar el enfrentamiento entre ministros sin salida alguna, más aún cuando ya se sabe que el ministro Oscar Graham y la viceministra de hacienda, Beatriz Sotelo no asistieron a la Junta General de Accionistas (JGA), citada para el día 19 de los corrientes, para decidir el respaldo al directorio, puede producir una caída libre en la cotización de los 3,000 MMUS$ de bonos de PP, que alentará a ser comprados por “fondos buitres” (hedge funds) y arrastrará en la percepción de riesgo país, que se seguirá deteriorando. Ya salimos del ámbito de la petrolera estatal y entramos al del país como sujeto de crédito

Corresponde a la JGA, decidir el relevo del directorio de PP y hacer una declaración pública, con las acciones de toda índole que corresponden contra el Contralor por su inexplicable retraso en el contratación de la auditoría. No se debe tolerar ni el amiguismo desde el Ejecutivo en los directores ni de los funcionarios del MEF con el Contralor. Han ocurrido hechos demasiado graves para dejar pasar por alto lo que viene ocurriendo


Escrito por

César Gutiérrez

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