El ruido político por la conformación del gabinete ministerial, la vacancia y acusación constitucional sobre el mandatario Pedro Castillo y el cierre del Congreso; hacen que otros temas trascendentes en el manejo de los intereses del país, pasen a segundo plano y sean desapercibidos para la opinión pública.

Desde el día 24 del pasado mes de enero, cuando la Premier de ese entonces, Mirtha Vásquez, se jugaba los descuentos de su permanencia y hacía crisis con el Ministro del Interior, Avelino Guillén, tratando de redituar lo que hizo con el antecesor de esa cartera, Luis Barrenzuela; emitió la Resolución Ministerial (RM-019-2022-PCM), con la que nombró el comité de selección de los presidentes de los cuatro organismos reguladores: Osinergmin, Osiptel, Ositran y Sunass.

En este tipo de procesos, se nombra a un comité formado por 3 miembros permanentes y un miembro adicional que represente a cada dependencia ministerial relacionada con el sector del regulador. En este caso: Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones y Vivienda, Construcción y Saneamiento. Llama la atención que los nombrados para la delicada tarea, no sean conocidos en el medio, situación delicada pues está en juego la regulación tarifaria y la supervisión de las empresas operadoras del servicio, que en su mayoría son trasnacionales cuyos ejecutivos tienen conocimiento técnico especializado.

Las cifras de ingresos anuales en cada rubro se cuentan por miles de millones de dólares y la infraestructura a supervisar está en todo el territorio nacional, como por ejemplo: las redes de transmisión y distribución eléctrica, producción, transporte y distribución de hidrocarburos, redes de telecomunicaciones, concesiones de carreteras, ferrocarriles y líneas de metro; y redes del servicio de agua potable y alcantarillado. Entre los regulados no solo hay multinacionales sino también empresas estatales.

Los comités ya han publicado la convocatoria de postulantes, que deben presentar su currículum vitae hasta el 22 de los corrientes. Inmediatamente se debe hacer de conocimiento público, la entidad especializada que brinde apoyo a los seleccionadores, es decir la evaluación curricular, elaboración de prueba escrita y entrevista personal; debiendo presentar una terna para la decisión del Premier y el Presidente de la República, acto demasiado discrecional.

Esperamos que la entidad encargada de los temas operativos sea una universidad de primer nivel, anteriormente lo hizo la Pontificia Universidad Católica (PUCP), dejando mucho que desear, se eliminó a profesionales con experiencia y alta formación académica, para dar paso a medianías, salvo excepciones honrosas.

Tengo tres interrogantes: 1) ahora que el gobierno ha decidido alejar a la progresía del poder, ¿tomará los servicios de la PUCP o de la Universidad del Pacífico?, 2) si se quiere transparencia, que en este caso es inevitable por los malos antecedentes gubernamentales en los nombramientos, ¿estará dispuesto el comité a publicar la prueba escrita y los cuestionarios de la entrevista personal, así como los resultados; y 3) ¿estará dispuesto el atrabiliario Premier Aníbal Torres a mantener el comité heredado y mostrar sus méritos para tarea tan especializada o los relevará?

En poquísimo tiempo tendremos las respuestas a las interrogantes con hechos, la expectativa es que se vaya por el camino correcto, que se emule a lo que se hizo en el Banco Central de Reserva, en la designación del Ministro de Economía y Finanzas y de la Viceministra de Hacienda; eso sería una señal de confianza a los inversionistas que al menos se actuará profesionalmente en las inversiones que ya tienen en el país.

El ciudadano medio no conoce los alcances de los reguladores, hay que hacer docencia para que muestren interés en este proceso tan delicado.