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ACCIONES PRECIPITADAS EN DERRAME DE CRUDO SERÁN CONTRAPRODUCENTES

Publicado: 2022-02-08

El cierre de la carga y descarga en los cuatro terminales marítimos de Refinería La Pampilla SA (Relapasa), ordenado por el fiscalizador ambiental Oefa el pasado 31 de enero, generó preocupación en consumidores aeroportuarios, marítimos, transportistas terrestres y particulares. Se ponía en peligro la seguridad de abastecimiento, no era solo un tema volumétrico sino también de distribución, por ejemplo, en el aeropuerto Jorge Chávez, delivery marítimo y las cerca de 600 estaciones de servicio con la marca Repsol.

La medida ha sido paliada con un levantamiento que culminará el próximo día 14 de los corrientes, sin embargo, la incertidumbre continuará dada la precaria estabilidad política del gobierno que se extiende a los funcionarios del sector medio ambiente.

La mirada de los agentes económicos y los opinadores públicos ha sido de la continuidad de sus actividades, pero no se ha ingresado al análisis de lo que puede significar en el largo proceso administrativo y judicial que se llevará a cabo. Estimo que la justicia dará el veredicto en última instancia en no menos de 10 años, no es una exageración, revisen la cronología de casos emblemáticos. En todo este tiempo lo que se diga o haga tendrá influencia en la decisión judicial, fácilmente el cierre de operaciones será utilizado por la empresa presentándolo como una arbitrariedad.

Las declaraciones altisonantes, los mandatos excesivos, las medidas cautelares exageradas del interés del Estado, contarán en contra del legítimo interés de sancionar y exigir indemnización por los daños ocasionados. En los procesos judiciales la fundamentación es indispensable, por tanto, aquí las entidades estatales tendrán que recurrir a expertos de experiencia comprobada, de lo contrario estaremos en desventaja.

Se ha anunciado con entusiasmo la “activación de la póliza de seguros”, que tiene un monto de 275 millones de dólares. Eso no significa cobertura inmediata a Relapasa para que honre a todos los afectados. Lo que ocurrirá es que la compañía de seguros encargará a un “ajustador” la evaluación de daños, responsabilidades y pagos parciales para remediación. Cautela señores funcionarios del gobierno, el tema trascenderá fácilmente a más de un gobierno.


Escrito por

César Gutiérrez

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