EL GOBIERNO DECIDIÓ POR EL MANEJO POLÍTICO DE PERUPETRO
El tema prioritario en la agenda es la renegociación del contrato de Camisea
Ha sorprendido a muchos la reciente designación del excandidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry (DS), como presidente de la agencia estatal promotora de la inversión en exploración y explotación de hidrocarburos, Perupetro. Para los que trabajamos en el sector no ha sido novedad, se le venía voceando tanto para esta entidad como para Petroperu, que hace meses tiene un presidente ausente.

Si de algo se caracteriza el gobierno de Pedro Castillo es de la falta de visión, es errado tratar de darle una connotación estratégica al nombramiento de DS; yo más bien lo veo desde el punto de vista de la retribución del apoyo brindado en la campaña electoral de la segunda vuelta y durante la larga espera de su proclamación como Presidente, que se puso en duda por las acusaciones de fraude que se lanzaron desde la orilla antagónica.
Para un trajinado de la política como DS, debe tener clarísima la importancia de ser el capitoste de la agencia estatal, pues el principal tema en cartera es la voceada negociación con el llamado Consorcio Camisea, del contrato de licencia de explotación firmado en diciembre del año 2000 y cuyo horizonte se extiende hasta el 2040. En este contexto es donde debe analizarse el hecho
LAS REACCIONES INMEDIATAS SE ORIENTAN POR EL LEGALISMO
La primera reacción desde la oposición al gobierno ha sido por el lado de las formalidades, para lo que han citado el artículo 13 de la Ley de Organización y Funciones de Perupetro (Ley 26225 del 24.08.1993), donde se exige para el cargo: “reconocida capacidad técnica y profesional en la materia a desempeñar”, a lo que agrego que el artículo 29 del Estatuto de la mencionada empresa (DS.048.1993.EM del 12.11.1993), lo reitera.

Desde el inicio de operaciones de Perupetro (18.11.1993), todos los que presidieron su directorio fueron profesionales ligados al sector, de los cuales podemos estar de acuerdo o discrepar de su gestión, pero que nunca se puso en tela de juicio su idoneidad para ocupar el cargo, que requiere un conocimiento especializado en la industria de gas y petróleo, pues para promover la actividad hay que conocerla no solo a nivel local sino también internacional.
La decisión de nombrar a DS, recae en la responsabilidad del ministro de Energía y Minas, Eduardo Gonzáles Toro (artículo 12 de la ley 26225), quien ha debido informar a Pedro Castillo sobre los requisitos que debía cumplir el profesional que tomaría el cargo. Esto llevará a una discusión a nivel parlamentario, donde la oposición podrá ir desde la interpelación hasta la censura del titular del predio de la Avenida Las Artes, del mesocrático distrito de San Borja. Por supuesto, no hay que olvidar que en el terreno parlamentario los votos cuentan y aquí la oposición ha mostrado estar dividida y en minoría.
CONTRATO CAMISEA EL TEMA PRIORITARIO EN LA AGENDA
Las huestes de Perú Libre, con Castillo incluido, a los que se suma el team de la dupla Verónika Mendoza-Marco Arana, que manejan 9 carteras ministeriales, están convencidas desde la campaña electoral que hay que renegociar el contrato de explotación de los yacimientos de Camisea (lote 88), que es lo que ha repetido el mandatario como una letanía. Sin embargo, los aliados van por más, también el lote 56, hoy destinado a la exportación de gas natural licuado (LNG) desde la Planta de Pampa Melchorita, controlada por la americana Hunt Oil, con producto comercializado en su totalidad por la angloholandesa Shell.

Al obligar a sentarse en la mesa de negociaciones al consorcio que gestiona los lotes 88 y 56, que tienen como operador e interlocutor a la argentina Pluspetrol, devendrá inexorablemente a hacer lo mismo a los titulares de los lotes 57 y 58, el consorcio conformado por la española Repsol y la estatal china CNPC, en el primer caso y solo a CNPC en el segundo caso.
EL MANEJO DE LA NEGOCIACIÓN
Perupetro es la entidad encargada por el lado del estado peruano de los cuatro contratos citados, y en la visión del gobierno actual desean: bajo precio en el gas licuado de petróleo (GLP), despacho volumétrico preferente para Petroperu y mayor pago de regalías a favor del Estado, como plan mínimo; y de hacerse propietario del hidrocarburo como plan máximo, al más puro estilo de lo realizado por Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador.

Los técnicos discuten en las redes sociales, sobre cifras, condiciones y demás sofisticaciones propias del sector, necesarias; pero olvidan que en estos casos prima la decisión política y eso DS lo tiene clarísimo. Tendrá gran protagonismo, no me imagino un ritmo menor a 7x24; y como Pluspetrol nunca tendrá el cetro de la simpatía, salvo que los electores sean sus corifeos; en la batalla de la propaganda mediática tranquilamente el ducho Salaverry, puede salir muy bien parado ante la opinión pública.
LOS MENSAJES POLÍTICOS EN LA NEGOCIACIÓN
En primer término, estará el GLP, donde Pluspetrol y sus socios podrán capitular, pues el precio que ofrecen puesto en almacenes Callao es menor que el de importación, la brecha es del orden de 15%. Aquí termina su responsabilidad, pues no intervienen en la cadena comercial que llega al consumidor final. Si DS, desea más réditos, podrá exigir que el precio en el Callao lo reduzcan a paridad de exportación (precio en Costa del Golfo USA menos flete de allí al Callao).

El otro tema en el que podrá levantar pecho el político trujillano será en el ofrecimiento de gas natural para la masificación, lo que para los operadores no les costará ningún esfuerzo, dado que el cuello de botella se presenta es en la inversión en distribución, que el gobierno quiere cargárselo irresponsablemente a título oneroso.
Si tiene estrategia empezará por allí y con dos logros, que serán nimios, pero que suficientemente propagandizados parecerán excelsos; dejará en segundo término el incremento de regalías, que sí será un tema espinoso, y que veo a las empresas poniendo candados para no ceder,y dilucidarlo en Washington en el tribunal arbitral del CIADI, cuyo desenlace puede demorar tranquilamente hasta el 2027, son los tiempos que se manejan en estas instancias.
A sabiendas del “timing”, el gobierno teniendo a DS, puede convertir el tema de las regalías en causa nacional, e ir a extremos, eso lo sabremos en el camino. Las aristas para negociar regalías y precios del GN son múltiples, por ejemplo, el caso de suministro para petroquímicas, a la que siempre se han mostrado inamovibles los miembros del Consorcio.
SALAVERRY PODRÍA TENER UNA GRAN RELEVANCIA PÚBLICA
Por todo lo reseñado, el gobierno sin habérselo propuesto porque su incapacidad no le permite ver el bosque, puede haber dado en el bull para sus intereses con la designación. El tema de la renegociación de los contratos está en la palestra. Los que creen ingenuamente que con normativa a la mano se lo traerán abajo, pueden ir meditando seriamente porque será hueso duro de roer.
La oposición tiene que poner más análisis y menos raciocinio hepático; hay muy buenos hepatoprotectores y ansiolíticos en el mercado farmacéutico concentrado de nuestro país, consulten con su médico del mercado asegurador también concentrado.