El mercado de suministro de biodiésel (B100) es muy disputado a nivel mundial, razones diversas existen, entre ellas los precios de dumping y el ingreso de productos provenientes de países que tienen políticas de subsidios a las producciones agrícolas que sirven de insumo de este combustible de naturaleza renovable.

Las políticas públicas peruanas de incentivar la producción local de biocombustibles, promulgadas en el año 2003 y practicadas desde el 2009, se han visto afectadas sobre todo en el caso del B100 por productos de procedencia americana y argentina, que goza de subsidios. Luego de larga batalla de la cadena productiva que comprende a palmicultores, extractores de aceite y productores de B100, consiguieron la imposición de Derechos Compensatorios (DC) y Derechos Antidumping (DA), a las importaciones provenientes de ambos países.

A fines de octubre pasado, el proceso que estaba en curso para ampliar los DC y DA contra el B100 argentino, ha sido resuelto favorablemente a los productores peruanos, en la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras No Arancelarias, del organismo de la libre competencia peruano, Indecopi.

Los DC que asciende hasta 208.2 US$/Tm, han sido ampliados hasta enero del 2026, mientras que los DA, que son de hasta 191.6 US$/Tm, permanecerán vigentes hasta octubre del 2026. Medida positiva, aunque queda pendiente que puede ser materia de reconsideración ante la misma Comisión o de apelación ante la Sala Especializada en Defensa de la Competencia, del Tribunal de la mencionada entidad. Es un avance significativo que se espera que sea definitivo.

Aún en nuestro país no existe una verdadera conciencia sobre el tema, la cadena productiva del B100, no solo genera 48 mil puestos de trabajo, preferentemente en zonas rurales de las regiones de Ucayali, San Martín, Loreto y Huánuco, sino que son un cultivo alternativo a la hoja de coca que tiene como destino el narcotráfico, con una tarea pendiente, de usar el cultivo de palma aceitera para la reforestación.

La presión mundial por la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) se ha ido incrementando para vencer la resistencia al cambio de los principales países emisores, como China, Estados Unidos y Rusia. La COP 21, ha sido un referente con el Acuerdo de París, desde el año 2015, que se ha retroalimentado en la reciente COP 26 desarrollada en Glasgow.

El transporte está en el centro de la mirada por las emisiones derivadas de los combustibles fósiles, planteándose diversas alternativas, desde los biocombustibles de diversas generaciones, la electromovilidad y la tecnología del hidrógeno, que se debate en el mundo, mientras que en el Perú solo se ha centrado la atención en la generación de energía eléctrica con recursos energéticos renovables (RER).

En nuestro país las emisiones de GEI provenientes de la generación eléctrica representa tan solo el 5% del total, mientras que las derivadas del transporte llegan a 10% y la deforestación el 47%, según el Inventario de Gases de Efecto Invernadero, que publica el Ministerio del Ambiente (Minam), cuya última versión data del año 2015. Es muy probable que a la fecha la situación sea más grave aún, pues la capacidad de producción termoeléctrica no se ha incrementado, mientras que las políticas contra la deforestación se han relajado, y la demanda de gasolinas y diésel se han incrementado.

Los DC y DA impuestos van en sentido correcto a las políticas públicas de promoción de biocombustibles, se espera que sean complementados con procesos de adquisición transparentes por parte del principal comprador que es la petrolera estatal, Petroperu, que han estado en tela de juicio en el último quinquenio, los hechos serán el mejor testigo para los palmicultores cuyas tribulaciones ya llevan 18 años.