Ensimismados en nuestra coyuntura política doméstica, el caso de la extradición del ciudadano colombiano-venezolano, Alex Saab, desde Cabo Verde a los Estados Unidos (EE. UU.), ha sido percibido localmente según los titulares de la prensa local e internacional: “narcotraficante, blanqueador de dinero ilícito y testaferro de Nicolás Maduro”. Sin embargo, vale la pena profundizar para tener una idea más cercana del rol que desempeñaba para el gobierno venezolano y las posibles implicancias a personas de otros países como: Colombia, Ecuador, Perú y Chile, según la información difundida por el portal “periodismodeinvestigación.com”

Uno de los temas menos difundidos por la prensa internacional es el efecto en la gestión de comercio exterior y transferencias de fondos, en los países que sufren bloqueos comerciales, consecuencia de las sanciones impuestas por EE. UU. y miembros de la Unión Europea.

En el caso venezolano, muy dependiente de las importaciones de casi todos los productos: alimentos, medicinas y materiales de construcción, entre otros; han tenido que recurrir a empresas intermediarias que conocen los vericuetos de la logística para hacer ingresar los productos al país. Esto ha venido aparejado con mecanismos para el manejo de las cancelaciones dinerarias, uno de ellos el llamado “Sistema Único de Compensación Regional” (SUCRE), que ha sido usado como un medio de pago electrónico entre los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América” (ALBA), y ha funcionado no exento de cuestionamientos. Fuera de este ámbito, el efectivo transportado en valijas diplomáticas y servicios de terceros, como el caso del detenido Saab, se constituyeron en solución para el impase.

Los manejos en efectivo de cientos de millones de dólares, no solo para honrar las adquisiciones internacionales a través de terceros, sino también para cubrir los gastos de delegaciones diplomáticas fuera del país, inexorablemente se convierten en terreno fértil para la apropiación de fondos públicos, donde los beneficiaros son los transportadores coludidos con autoridades políticas y administrativas al más alto nivel.

En el caso Saab, también se usó fondos y programas implementados durante los regímenes de Chávez y Maduro, tales como el Fondo Global de Construcciones (Foglob) y el programa de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Ambos han mostrado cuentas insustentables: las importaciones registradas son del orden de miles de millones de dólares, mientras que las exportaciones con destino a Venezuela son de tan solo del orden de cientos. Es decir, se reportan ingresos de materiales de construcción y alimentos que no tienen correspondencia con las compras realizadas en los países de origen. Mientras, aparecían cuentas con cifras millonarias en paraísos fiscales como Liechtenstein, donde el extraditado era titular de una cuenta de 700 millones de dólares.

Lo preocupante es la participación de los exportadores en este tipo de operaciones cuyas cifras no calzan. Son cómplices de las actividades ilícitas, y se ha referenciado que son colombianos, ecuatorianos, peruanos y chilenos. El presidente Iván Duque, ha declarado que Colombia ha puesto ha disposición de las autoridades americanas toda la información disponible. En Ecuador desde el Congreso se le ha puesto la puntería al expresidente Rafael Correa; mientras que, en Perú y Chile, aún no ha habido pronunciamiento. ¿Tendrá algo que ver la sorpresiva designación de un embajador peruano en Venezuela?

Una reflexión final, cuando se está haciendo en el país todos los méritos para ser materia de sanciones: no erradicación de la hoja de coca, predisposición a expulsar a la DEA, nacionalizaciones y revisión de contratos-ley de concesiones donde el ánimo de vindicta aflora, estemos advertidos que puedan aparecer extraños personajes con mucha influencia en decisiones comerciales y económicas en el aparato del poder ejecutivo.