Lanzada la decisión del gobierno de renegociar los contratos de gas que tiene firmado el estado peruano con el Consorcio Camisea (CC), liderados por sus operadoras Pluspetrol Camisea SA (lote 88) y Pluspetrol Lote 56 SA, la reacción en la opinión pública ha sido diversa. Desde el apoyo incondicional del hoy aliado del gobierno, “Juntos por el Perú”, que candidateó a la Presidencia de la República a Verónika Mendoza, que no sorprende, ya que siempre predicaron lo mismo; hasta la rasgadura de vestiduras en la oposición, que sufre de amnesia prematura.

Recordemos que en campaña: Acción Popular, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, prometieron renegociación. Pocos estuvieron en la vereda de enfrente, me cuento entre ellos, a pesar de que no comparto la intransigencia a cambios y la soberbia de los ejecutivos del CC, que bien merecido se han ganado el cetro de la antipatía ciudadana.

El tema de fondo son los puntos que se quieren negociar: más regalías para las ventas locales, cambiar radicalmente las condiciones para la exportación e intervenir en el precio del GLP. Vale la pena analizar las consecuencias de las pretensiones gubernamentales, que van más allá de la ya trillada mención que alejará las inversiones.

Sobre el incremento de regalías sobre la producción de gas natural (GN) del lote 88, destinada para el mercado interno, fijadas sobre el ingreso bruto en 37.24% para el GN, y de los líquidos de gas natural (LGN), que hoy son de 37,20% para el lote 88 y 40.0% para el lote 56; por coherencia deberían incrementarse también para el lote 57, en posesión en partes iguales por la española Repsol y la estatal china CNPC, que hoy pagan 6.6% para el GN y 5.1% para los LGN.

La implicancia de una salida inamistosa será que tendremos como adversarios a los gobiernos de donde provienen las empresas que conforman los consorcios. En el lote 88: Argentina, Estados Unidos (EE. UU.), España, Corea del Sur y Argelia. Por el lado del lote 57, se repite a España y se incluye a la República Popular China.

En el caso de la renegociación de la exportación de gas natural licuado (LNG), es conveniente recordar la situación en la que se firmó en 2004 el contrato de explotación del lote 56. En esos momentos se dudaba mucho de la demanda del mercado interno, tan es así que para desarrollar el lote 88 se obligó a Electroperu a firmar un contrato “take or pay” (tomas o pagas) de compra de GN, que no tenía termoeléctrica donde utilizarlo. Hoy, hay mariscales después de la batalla que pretenden darnos lecciones de integridad. Por si no han revisado cifras actualizadas, con las exportaciones que ahora se hacen a Japón y Corea, en lugar de México, la regalía de la exportación iguala a la local.

La exportación de LNG no solo implica al CC que tiene a cargo la producción de GN en el lote 56, sino también a la Planta de Licuación de Pampa Melchorita, que se construyó con un crédito de largo plazo por 2,400 millones de dólares del Banco Mundial (BM), fondeado por agencias de crédito a la exportación de EE. UU., Italia y Corea del Sur. Así que tendremos nuevos adversarios el BM y el gobierno de Italia.

En cuanto al precio del GLP, los contratos no fijan precios de mercado, estos se forman por oferta y demanda según la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Una reflexión final, el gobierno debe estar poniendo la valla de la negociación altísima para que le digan no y tendrán el pretexto perfecto para la nacionalización de los recursos naturales y una nueva constitución, ese es el leitmotiv