El tortuoso camino por el que transitó Pedro Castillo para ser proclamado presidente, no le dio el tiempo suficiente para tener comisiones de transferencia en los ministerios, empresas e instituciones estatales, que sumado a su manifiesto desconocimiento y falta de equipo que lo acompañen en el gobierno, ha originado un interregno en la gestión, donde fácilmente pueden tomarse decisiones que fijen el derrotero en los meses que faltan para cerrar el 2021.

Uno de los casos típicos es la adquisición de biodiésel (B100), aún pendiente de realizarse para el período septiembre-diciembre de este año. Este ha sido uno de los temas más controvertidos en los últimos cinco años, sobre todo por el manejo de Petroperu. Más que la cuantía, estamos hablando de cerca de 160 millones de dólares al año (MMUS$), sobre un total de compras de 3,800 MMUS$, entre petróleo y combustibles que realiza la petrolera estatal, está las implicancias en otros sectores.

Hace 18 años que en nuestro país se decidió la utilización de biodiésel en combinación con el petróleo diésel (D2)-hasta la fecha es el combustible líquido más usado en el Perú-. La visión era amplia; promover inclusión social agrícola en las regiones de la selva mediante la palma aceitera, que es un cultivo alternativo a la hoja de coca; que se generase una cadena productiva hasta llegar al nivel industrial; que se atenuara el impacto del índice de nocividad de la combustión del D2 y tener sumideros de gases de efecto invernadero, acordes con la política medioambiental del Estado con la corriente mundial sobre el cambio climático.

Las expectativas fueron sobrepasadas por un manejo desarticulado a nivel gubernamental, siendo uno de las aristas más complejas la adquisición de B100, donde se ha combinado el poco interés sobre las compras locales, no con preferencias, sino en libre competencia; con una serie de actos reñidos con la legalidad.

La importación de B100 predominó, la que se hizo desde países que subsidian el producto, a lo que se sumó el dumping, la dilación de Indecopi en emitir medidas de protección, el uso de triangulaciones marítimas para eludir los derechos impuestos y la importación de mezclas de D2 con B100, que hacen difícil la fiscalización si el B100 que contienen, tiene precios artificiosos por los subsidios en el país de origen.

Es estado de situación de las adquisiciones hoy tiene dos problemas, 1) el relacionado con el que ha sido principal proveedor de Petroperu, la multinacional Gunvor, uno de cuyos funcionarios, viajero frecuente a Perú, se ha declarado culpable en un Brooklyn de sobornos a funcionarios de Petroecuador, empresa que ha suspendido a Gunvor para participar en concursos, se espera que acá se haya hecho lo mismo; y 2) que hay un rumor muy intenso en los corrillos de la comercialización, que hay una decisión que se habría decidido importar mezcla con una participación porcentual de B100 que sextuplica la tradicional, antes se había hecho al 5% y ahora se espera que sea al 30%.

La importación de mezcla ha sido uno de los mecanismos usados para dejar de lado a los productores locales que, desde el agro hasta la comercialización- pasando por la producción industrial-, implica 48 mil puestos de trabajo. De ser realidad los rumores, los primeros perjudicados serán los palmicultores de las regiones de Ucayali, Loreto, San Martín y Loreto; que en los próximos cuatro meses no podrán vender fruto de palma a la cadena del B100.

Corresponde al Ministro de Energía y Minas, que preside la Junta General de Accionistas de Petroperu, tomar cartas en el asunto.