El extenso proceso electoral que hemos vivido entre los meses de enero y julio de este año, fue motivo para que noticias internacionales con trascendencia y potencial afectación en nuestro país, pasasen desapercibidos. Hasta donde es público la Contraloría General de la República (CGR), parece no darse ni por enterada. Se trata del comercio internacional de combustibles y crudo, con empresas ya sancionadas por presuntos actos de corrupción en otros países y que operan en Perú.

Esta semana, en México, el brazo comercial de la petrolera estatal Pemex, la empresa PMI Comercio Internacional SA de CV, ha suspendido para realizar transacciones a la multinacional Trafigura, la razón, señalamientos de posibles prácticas ilícitas. Esta misma empresa, según señala el portal www.oilprice.com, por intermedio de su periodista Julianne Geiger, enfrenta en Brasil un proceso por actos de corrupción en operaciones realizadas con Petrobras, donde está en juego un congelamiento de sus cuentas por 187 millones de dólares (MMUS$).

Nos recuerda la misma periodista, que la multinacional Vitol Group, pagó al Departamento de Justicia americano y a la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), 164 MMUS$ por actos que involucraban sobornos; realizadas en México, Brasil y Ecuador.

Como si fuera poco, ayer compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador, el ex Ministro de Hidrocarburos de nuestro vecino del norte, Carlos Pareja Yannuzzelli, que purga sentencias por 21 años, por diversas causas de malos manejos en la estatal Petroecuador, relacionados con las empresas Gunvor y Petrochina. Sostuvo el exfuncionario estatal que tiene pruebas de todos los involucrados en el comercio internacional de crudo ecuatoriano, incluye al ex Presidente Rafael Correa

En Ecuador, la empresa Gunvor fue suspendida para hacer transacciones con Petroecuador desde inicios del mes de abril de este año, tan pronto el exfuncionario de la trader internacional, Raymond Kohut, se declaró culpable de lavado de dinero ante un juez federal del distrito de Brooklyn, Nueva York, en los Estados Unidos (EE UU). El FBI que seguía el caso, identificó sobornos por 22 MMUS$ a funcionarios ecuatorianos relacionados en la venta de crudos.

En Perú, estos hechos deben llamar la atención de las autoridades a dos niveles, el Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de la República (CGR); quienes deben pedir cuentas al Comité de Integridad de Petroperu, donde estas empresas han hecho millonarias transacciones. Una primera decisión que debe explicar el mencionado Comité es si siguen trabajando con las referidas y las razones de ello. Son empresas sancionadas internacionalmente por prácticas ilegales.

Pero no solo debe estar presente la decisión de seguir trabajando con ellas o suspenderlas, sino también indagar algunos hechos que generan suspicacias. En el año 2019, los dos concursos donde se adjudicó el 100% del biodiésel (B100) importado, fueron adjudicados a Gunvor International BV (GIBV), empresa domiciliada en Países Bajos. Adicionalmente ese mismo año, de 8 concursos de adquisición de crudo, 5 fueron adjudicados a Gunvor SA (GSA), domiciliada en Suiza. En el 2018, de tres concursos para suministro de B100 importado, 2 los ganó GIBV, de 2 procesos de compra de diésel, 1 lo ganó GSA y de 5 para compra de crudo, 1 se adjudicó a GSA.

En el caso de venta de B100, hay una serie de actividades relacionadas con triangulaciones de B100, para eludir derechos antidumping y compensatorios, impuestos al producto proveniente de EE UU y Argentina. En el caso del crudo, se trata del producido en Ecuador, vendido a Petrochina para ser procesado en refinerías chinas, pero que terminaban destinándose a otros países, dentro de los cuales, está Perú.

Las suspicacias se incrementan cuando se analiza el movimiento migratorio en nuestro país del detenido y auto declarado culpable en los Estados Unidos, Raymond Kohut, que, tanto en el 2019 como en el 2018, tuvo 6 ingresos-salidas, del país.

Hay demasiados hechos dolosos en el manejo de estas empresas como para dejar de pasar por alto una investigación que permita deslindar responsabilidades oportunamente, este es un caso que por la cantidad de países y los montos involucrados supere largamente al Lavajato de las empresas brasileñas. Que no nos ocurra en esta oportunidad que la información de posibles involucrados venga desde otro país. Hechos de esa naturaleza dejan muy mal parado al sistema nacional de control y justicia peruano.