Faltando solo 14 días para la fecha en que el Presidente de la República juramente en el Congreso, pronuncie su mensaje a la nación y presente a su primer gabinete ministerial; la polarización política no solo persiste, sino da señales que seguirá en el ejercicio gubernamental, independientemente de lo que ocurra con la decisión que tomará el Jurado Nacional de Elecciones.

A la incertidumbre en el terreno político, se añaden las preocupaciones inmediatas en el terreno económico. El tipo de cambio entre marzo y julio se ha incrementado en 7.7%, que tiene una importante componente local, por las reducciones de capital en diversas empresas, la dolarización de esos fondos y su retiro del sistema financiero, práctica a la que se han sumado las personas naturales.

Para agravar el cuadro, la inflación acumulada de 12 meses ascendió a 3.25%, excediendo la meta de 3.0% que ha sido nuestro referente tope máximo. A pesar de ello, el Banco Central de Reserva tiene expectativa que, en los próximos 12 meses, la cifra no exceda el 2.6%. Este es un tema de naturaleza mundial, consecuencia de la recuperación de la economía post pandemia. Sin embargo, hay ciertas componentes locales que tienen que ser manejadas con mucho cuidado.

Una variable muy sensible, que más allá del impacto inmediato en la inflación, genera expectativas negativas, es el precio de los combustibles, donde hay que distinguir los efectos del diésel y el gas licuado de petróleo (GLP), cada uno tiene su ámbito de influencia. Lo que ocurre en el mercado local está muy influenciado por el comportamiento internacional.

El diésel que es el combustible líquido más consumido, el precio impacta directamente en el transporte de carga e interprovincial de pasajeros. Tiene su correlato en alimentos y en las propias empresas que, por existir una sobreoferta de unidades no pueden trasladar todo el incremento de precios a sus clientes. Este combustible representa el 31.4% del costo de operación por Km, de los transportistas. En plena campaña electoral se realizó un paro que preocupó a las autoridades; al inicio de un gobierno sin el manejo apropiado el tema puede llevar al inmovilismo nacional.

El caso del GLP merece prestarle atención, tiene dos vertientes, el usuario que brinda el servicio de taxi y el consumidor doméstico. Este combustible, se ha incrementado en 55%, este año. En el caso de los taxistas, donde hay cerca de 250 mil usuarios, que involucran a un millón de hogares, la situación es dramática, no pueden trasladarlo al precio de su servicio, el exceso de oferta no lo permite. En los domicilios, va directamente a la economía familiar del 70% de los hogares del país que lo utilizan, generándose un pánico de alza masiva de precios, que generan expectativas inflacionarias.

La solución del problema del precio de los combustibles no es nada fácil en un mercado concentrado que se rige por oferta y demanda. Va generar en el gobierno entrante una vocación de regularlos, para lo que tendría que modificarse la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que requiere 66 votos en el Congreso, de no alcanzarse, se va ir por el lado de Petroperú para obligarlo a expender a precios de populismo político.

La petrolera estatal ya ha experimentado lo que significa las decisiones regulatorias, devienen en pérdidas, con el agravante que no solucionan el problema porque solo puede abastecer el 50% de la demanda. En el segundo quinquenio de los años 80, políticas de esta naturaleza, llevaron a la empresa a pérdidas diarias de un millón de dólares. El peligro está latente.