La semana pasada la noticia relevante era la huelga indefinida en la que se encontraban los transportistas, que habían bloqueado el acceso hacia y desde la capital, por norte, centro y sur. Se comenzaba a sentir escasez de algunos productos alimenticios con su correlato de incremento de precios.

Mencioné en esta misma columna, que el problema iba más allá del precio del combustible que utilizan, el petróleo diésel 2 (D2); pues tenía que ver con un exceso de oferta, que no les permitía trasladar el incremento de costos a sus clientes, a la vez de una urgencia de liquidez para honrar pagos de endeudamiento bancario.

A pesar que lo mencionado era una realidad insoslayable, el centro de la discusión entre huelguistas y gobierno se centró en el precio del D2 y la expectativa de lo que podía hacer el Ejecutivo sobre el particular. Éste solo tenía dos herramientas: el precio del combustible por parte de la estatal Petroperu (PP) y la gestión tributaria, que en este caso se centraba en el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

En primer término, no se puso de manifiesto que una decisión de precios por parte de PP, tenía dos limitantes: que su atención de la demanda no llegaba al 50% de la misma y que al no tener cadena comercial propia, el control de precio solo lo hace hasta la salida de sus plantas y que en el camino se perderá inexorablemente la rebaja. La medida adoptada fue el reingreso del D2 al fondo de estabilización de precios de combustibles (FEPC), por parte de PP

El FEPC fue adoptado en septiembre del 2004, en el contexto internacional del control del gobierno de Irak, por parte de la coalición liderada por los Estados Unidos, y temores de un incremento mundial del precio del crudo y combustibles.

La teoría del fondo era que, en acuerdo con las refinerías e importadores, el incremento de precios no se trasladase al consumidor, se anotara en cuenta, cuyo monto se recuperase cuando se produjese una reducción en las cotizaciones.

A la hora de la verdad, se llegó a acumular en el 2008, una cuenta de más de mil millones de dólares pendiente de devolución, que cuando se produjo la crisis del subprime, con el desplome de cotizaciones de combustibles, no se pudiese sostener el precio para recuperar lo anotado, perdiendo ese año entre PP y Refinería La Pampilla, cerca de 400 millones de dólares. El mensaje es claro, se evita el alza, pero ante una caída no se respeta la recuperación de los productores e importadores.

Por el lado tributario, la medida ha sido flexibilizar las medidas de la devolución del ISC del 53% que estaba vigente. La devolución se estableció mediante ley en abril del año 2010 (Ley 29158), señalándose que el beneficio era por el 30% del ISC y poniéndose como meta la formalización en el sector transporte. Luego, se ha convertido en costumbre, no ha habido la formalización esperada y la devolución se ha ido incrementando hasta el 53%.

Dos medidas que han demostrado en los hechos el fracaso en sus objetivos, hoy se vuelven a tomar irresponsablemente por el lado del gobierno, sin mayor interés que salvar el momento y dejar que una nueva administración se haga cargo del problema.

Por el lado de los transportistas, también hay responsabilidades que asumir, no han planteado salidas más duraderas, que no solo involucren al precio del D2, sino también la formalización y atenuar el impacto del endeudamiento. El producto final es que no se ha resuelto nada.