El próximo 03 de febrero el Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (COES), deberá pronunciarse sobre el precio del gas natural (GN) que se deberá tener en cuenta para valorizar los retiros de energía del mercado de corto plazo (MCP). Esto será en cumplimiento al mandato establecido por la Resolución Ministerial (RM)-031-2021-EM, con la que el Ministerio de Energía y Minas (Minem), decidió eludir su responsabilidad normativa sobre el caso y dejó en las manos del COES y el regulador Osinergmin, la toma de decisiones.

El tema es de difícil entendimiento para los ciudadanos no internalizados en los complejos temas normativos del sector electricidad, sin embargo, es imprescindible hacer de su conocimiento que han sido afectados por la desidia de autoridades. Lo han padecido en el pago mensual por consumo y en las pensiones de los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la Oficina Nacional Previsional (ONP), mediante el Fondo Consolidado de Reservas (FCR). En buena cuenta estamos hablando de 7.6 millones de domicilios que involucra a 30.4 millones de personas.

En los últimos cuatro años, las autoridades han tenido conocimiento de las implicancias de la inacción y han utilizado diversas artimañas dilatorias para no decidir. La omisión ha tenido un costo de 902 millones de soles (MMS/.)

LA RAÍZ DEL PROBLEMA.

Desde el inicio del 2016, se sabía que, en el segundo semestre de ese año, iba a existir un excedente de capacidad de oferta, por el ingreso de dos nuevas hidroeléctricas que sumaban una potencia de 969 Megavatios (MW)-21% más que la Central Hidroeléctrica del Mantaro-. Esto ameritaba decisiones en la estatal Electroperu (ELP), que había adquirido 484 MW de la nueva oferta y que no iba a poder colocarla al mercado a los precios a los que había comprado la energía. La situación era preocupante porque el Fondo Consolidado de Reservas (FCR), que lo preside el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), es propietario del 85.71% del accionariado de ELP.

Adicionalmente, en el MCP había un problema en la formación del precio de transacción de las operaciones de compra-venta de energía, donde el costo variable del GN para las termoeléctricas era el factor determinante. Se operaba en base a una legislación del año 2000 (DS-016-2000-EM), que era pertinente modificar para la coyuntura que se avecinaba. En esa época el gobierno de Ollanta Humala ya estaba de salida, y dejó el problema en manos del gobierno entrante de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

LOS EFECTOS DE LA INACCIÓN GUBERNAMENTAL.

Al ingresar PPK al poder, su llamado “gabinete de lujo”,no pudo con el problema y en el MCP, tres operadores privados: Kallpa Generación SA, Enel Generación Perú SAA y Engie Perú SAA; que en conjunto poseen el 69.5% de oferta termoeléctrica del GN, lograron que el precio de transacción en el MCP, llamado costo marginal (Cmg), se desplomase, de los 21.41 dólares por megavatiohora (US$/MWH) del año 2016 a 9.53 US$/MWH en el 2017.

La estrategia de la “troika termoeléctrica” (TT), consistió en adquirir la energía a 9.53 e ir a ofrecer a los clientes libres (consumidores de más de 200 KW) de los otros operadores privados y estatales, precios entre 20 y 45 US$/MWH, haciendo que migraran hacia ellos. En el período 2017-2020, el margen bruto en estas transacciones ha sido del orden de 623 millones de dólares (MMUS$)

EL PERJUICIO A LOS CONSUMIDORES.

Se han favorecido: la TT y 1,373 empresas clasificadas como clientes libres, mientras que los consumidores restantes, hemos pagado parte del beneficio obtenido, nada menos que 262 MMS/., solo si consideramos el precio real de la molécula de GN.

Eso ocurrió debido a que la tarifa de 7.6 millones de consumidores, pagan un monto llamado “prima RER” para garantizar los ingresos a las centrales de generación renovable (RER), que está relacionada con el Cmg. A menor precio de éste, más pagan los ciudadanos comunes y corrientes.

EL PERJUICIO AL FONDO DE PENSIONES

El FCR dependiendo del resultado neto que tenga la empresa ELP, se puede incrementar, dejar de incrementar o disminuir. La operación comercial de compra y venta de aquella, registra pérdidas del orden de 640 MMSoles para el período 2017-2020. Esto se debe a que ELP ha comprado los 484 MW mencionado a un precio medio ponderado de energía de 53.46 US$/MWH y por el desplome interesado del Cmg, lo ha vendido a 9.67 US$/MWH. El FCR vio mermado el incremento de sus recursos.

LAS RESPONSABILIDADES QUE HAY QUE SEÑALAR.

El grueso de las responsabilidades se origina durante el gobierno de Martín Vizcarra y continúa con Francisco Sagasti. Entre Julio del 2016 y abril del 2018, hubo dos intentos fallidos de los tres ministros que pasaron por el Minem, en ese período. La inacción y las prácticas dilatorias vienen desde abril del 2018, con la gestión de Francisco Ísmodes.

En abril del 2018, que asume el cargo el señor Ísmodes, la tendencia de las cifras del perjuicio de los consumidores por la “prima RER” y por la compra-venta de energía de ELP, era un hecho conocido. Reacciona recién en junio del 2019, más de un año después, formando una llamada Comisión de Reforma del Sistema Eléctrico (CR), mediante una Resolución Suprema (RS-006-2019-EM), que se previó que tuviera vigencia hasta junio de este año. Se le encargó diversos temas normativos pendientes, entre ellos la definición del precio del GN para el cálculo del Cmg.

La CRSE, en el tema que nos compete, concluyó en una prepublicación en octubre del año pasado durante la gestión del Ministro Miguel Incháustegui, convertida en el DS-031-2021-EM; en enero de este año con el Ministro Jaime Gálvez, que luego de tanta consultoría, se abstiene a decidir y deja para que lo haga el COES con la aprobación del Osinergmin, proceso previsto a culminarse el próximo 28 de abril.

Ha habido 262 MMSoles de exceso en prima RER que lo hemos pagado los consumidores, ELP perdió 640 MMSoles; en total un perjuicio de 902 MMSoles. Mientras que la permisividad normativa hacía que tres empresas privadas tuviesen un margen de 623 MMUS$. El reino de la impunidad en su máxima expresión, la Contraloría y la Procuraduría, tienen la palabra y el Ministerio Público la decisión.